España arrastra un déficit de inversión en infraestructuras que ya supera los 60.000 millones de euros, una brecha que no sólo no se ha corregido en los últimos años, sino que ha seguido ampliándose, según los últimos cálculos del Instituto de Estudios Económicos (IEE). El dato adquiere especial relevancia tras la tragedia ferroviaria de Adamuz, que ha vuelto a poner el foco en el abandono del mantenimiento de la red pública, según informa Vozpópuli.
El choque de trenes en Córdoba no es un episodio aislado, sino el punto culminante de una larga cadena de averías, retrasos, incidencias técnicas y alertas ignoradas que afectan especialmente a la alta velocidad, pero que se extienden a otras infraestructuras clave del país. Las carreteras son un ejemplo paradigmático: de acuerdo con la Asociación Española de la Carretera, el 52% de la red presenta deterioros graves.
El informe del IEE, elaborado en el entorno de la CEOE, ya cifraba en 2023 el desfase acumulado de inversión en 57.409 millones de euros tras casi una década de infrafinanciación. Tres años después, lejos de reducirse, la brecha ha rebasado el umbral de los 60.000 millones, reflejando un patrón estructural de abandono inversor.
Para calcular este déficit, el organismo analiza el valor de las infraestructuras como stock de capital público y lo relaciona tanto con la población como con los niveles de bienestar comparados en el entorno europeo. El diagnóstico es claro: cuanto mayor es el volumen de infraestructuras acumuladas, mayor debe ser también la inversión en su mantenimiento para evitar su deterioro y pérdida de valor.
España se benefició durante décadas de una fuerte acumulación de capital público gracias al proceso de convergencia con la Unión Europea y a la llegada masiva de fondos comunitarios. Sin embargo, esa dinámica se ha frenado de forma preocupante en los últimos años. Las infraestructuras no han crecido al mismo ritmo que la población ni que el Producto Interior Bruto.
Desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa, la población ha aumentado en casi tres millones de personas y el PIB lo ha hecho en torno a 400.000 millones de euros en términos absolutos. Pese a ello, el esfuerzo inversor no ha acompañado esa expansión. El IEE estima que sólo para compensar el desgaste por uso y envejecimiento sería necesaria una inversión mínima anual cercana a los 11.700 millones de euros.
El deterioro de las infraestructuras no es una cuestión técnica, sino política. Afecta directamente al bienestar de los ciudadanos, a la seguridad, a la productividad y a la cohesión territorial. Y, sin embargo, España sigue alejándose de los estándares europeos más avanzados. En términos per cápita, el capital público en infraestructuras se sitúa un 25% por debajo de la media de la Unión Europea, con una brecha especialmente acusada respecto a los países del norte.
Ante este escenario, el IEE apunta a la colaboración público-privada como una de las vías para revertir la situación, mejorar la eficiencia del gasto y elevar la calidad de los servicios.
