Cerca de 20 millones de españoles —el 42% de la población— viven en comunidades autónomas cuyos servicios sociales reciben la calificación de «débiles» o «irrelevantes», según el Índice DEC 2025 elaborado por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.
El estudio, presentado este jueves en Madrid, vuelve a reflejar enormes diferencias territoriales en la protección social que reciben los ciudadanos dependiendo de la comunidad en la que residan.
País Vasco, Castilla y León y Navarra se mantienen entre los territorios mejor valorados, mientras que Extremadura, Cantabria y la Región de Murcia aparecen en la categoría de servicios sociales «irrelevantes». En el caso murciano, el sistema obtiene una puntuación de apenas 3,03 sobre diez.
«Nos preocupa mucho que haya 20 millones de personas en España que viven en comunidades autónomas donde sus servicios sociales son débiles o irrelevantes», ha advertido José Manuel Ramírez, director de la asociación responsable del informe.
Más gasto, pero menos peso sobre el PIB
Las administraciones públicas gastaron durante 2024 una media de 575,1 euros por habitante en servicios sociales, 27 euros más que el ejercicio anterior, lo que supone un incremento anual cercano al 5%.
El problema es que, pese al aumento nominal, el peso de los servicios sociales sobre el conjunto de la economía continúa disminuyendo. En 2024 representaron el 1,75% del PIB, frente al máximo del 1,88% alcanzado en 2020. Es el cuarto año consecutivo de descenso.
La Asociación de Directoras y Gerentes reclama elevar esta inversión hasta el 2% del PIB, argumentando que el incremento del gasto no está avanzando al mismo ritmo que el crecimiento de la economía española. También ha cambiado el reparto de la financiación. Las comunidades autónomas aportaron en 2024 el 74,23% de los recursos del sistema, lejos del 85,3% que asumían en 2012.
Una brecha territorial de cientos de euros por persona
El informe pone el foco especialmente en las diferencias entre autonomías. Sin contar los territorios forales, Castilla y León dedica 628 euros por habitante a servicios sociales, frente a los 353 de Baleares, una diferencia cercana al 80%. En el País Vasco, que cuenta con un régimen de financiación propio, el gasto alcanza los 1.304 euros por habitante.
Las diferencias no afectan únicamente al presupuesto. En Extremadura existe un profesional de los servicios sociales comunitarios por cada 2.905 habitantes, mientras que en Navarra la relación es de uno por cada 504.
En materia de plazas residenciales públicas para mayores, Castilla y León alcanza una cobertura del 11,6%, cuatro veces superior al 2,9% registrado en Baleares. «Que haya este tipo de diferencias es escandaloso», ha señalado Gustavo García, coordinador del Índice DEC.
La ayuda a domicilio apenas avanza desde 2010
Uno de los aspectos más críticos del estudio es el estancamiento de los servicios de ayuda a domicilio, esenciales para que las personas mayores y dependientes puedan permanecer en sus viviendas. En 2010 alcanzaban al 4,7% de los potenciales beneficiarios y, quince años después, la cobertura apenas ha aumentado hasta el 5,8%.
La intensidad también continúa siendo reducida: una media de 21,1 horas mensuales. En el sistema específico de dependencia, las personas reconocidas con grado III reciben una media de 65,5 horas mensuales, el equivalente a poco más de dos horas y media diarias de lunes a viernes. La asociación considera esta cobertura «claramente insuficiente».
Los centros de día muestran igualmente una evolución limitada, mientras que la teleasistencia sí ha registrado una mejora algo mayor y alcanza actualmente al 11,6% de los mayores de 65 años.
Sin embargo, todavía faltarían más de 760.000 dependientes para alcanzar el objetivo de garantizar este servicio a todas las personas con dependencia reconocida que viven en sus domicilios.
261 euros al mes para cuidar a un familiar dependiente
El informe también analiza las prestaciones económicas destinadas a quienes cuidan a familiares dependientes en casa. Actualmente las recibe el 43,7% de los beneficiarios, con una cuantía media mensual de 261,6 euros.
Los responsables del estudio consideran que esta cifra resulta insuficiente para compensar el esfuerzo económico y personal que supone asumir los cuidados de una persona dependiente. La asociación espera que la reciente reforma del sistema de dependencia y el incremento de financiación aprobado este año permitan mejorar estas prestaciones.
El IMV coincide con el desplome de las rentas autonómicas
Otro de los fenómenos señalados por el informe es el deterioro de las Rentas Mínimas de Inserción autonómicas desde 2021, tras la implantación del Ingreso Mínimo Vital. En Andalucía, Castilla-La Mancha y Madrid, estas ayudas alcanzan actualmente a menos del 1% de las personas situadas bajo el umbral de pobreza, hasta el punto de que los autores consideran que en la práctica han quedado prácticamente extinguidas.
La asociación critica que parte del dinero ahorrado por las comunidades con la llegada del IMV no se haya destinado a complementar la prestación estatal ni a reforzar programas de inserción social.
El Índice DEC vuelve así a presentar un sistema profundamente desigual: aunque la estructura jurídica y administrativa de los servicios sociales se encuentra cada vez más consolidada, dos de cada cinco españoles continúan viviendo en territorios cuyos servicios reciben una valoración de débiles o irrelevantes.
