El Parlamento Europeo ha puesto cifras y advertencias a una realidad que golpea de lleno a la clase media y trabajadora. Europa sufre «una crisis de la vivienda que afecta principalmente a los hogares de renta baja y media», así como a los jóvenes que no pueden emanciparse. En algunos Estados miembros, hasta el 70% de los adultos entre 18 y 24 años sigue viviendo con sus padres por no poder acceder a una vivienda propia.

El informe, presentado en la Comisión de Vivienda, propone medidas urgentes como hipotecas baratas, exenciones fiscales en la compra de la primera vivienda y garantías públicas que cubran hasta el 100% de la inversión de los jóvenes. El objetivo: facilitar el acceso al crédito sin disparar los precios de mercado.

Pero el documento también aborda uno de los tabúes en Bruselas: la okupación ilegal. Y en este terreno, España es el país señalado. «España es el país con más problemas de ocupación de la Unión Europea», explicó Giménez, que denunció la inseguridad jurídica y la pasividad del Gobierno frente a este fenómeno.

«Muchos propietarios tienen miedo de poner sus viviendas en el mercado. Se enfrentan a procesos judiciales de dos y tres años si sus casas son ocupadas. En Bruselas no se entiende la laxitud que existe en España con la ocupación», advirtió el eurodiputado, subrayando la necesidad de un registro europeo que permita detectar patrones de ocupación vinculados a la delincuencia organizada.

El informe también pone cifras a la subida descontrolada de la vivienda: en los últimos ocho años los precios han aumentado un 48% en las ventas y un 18% en los alquileres. Esta situación obliga a miles de jóvenes a retrasar decisiones vitales como formar una familia, y ha convertido la vivienda en una de las principales preocupaciones de los ciudadanos europeos.

El documento preliminar pasará ahora por un proceso de enmiendas y negociaciones hasta febrero, cuando deberá estar listo para ser votado en el pleno del Parlamento Europeo en marzo. A partir de ahí, la Comisión Europea tendrá que definir qué medidas concretas toma a corto y medio plazo.

En cualquier caso, las referencias a las dificultades de emancipación de los jóvenes y a los problemas de la clase media se mantendrán. Más dudas hay sobre la inclusión de un registro europeo de ocupas, aunque el Partido Popular insiste en que es una herramienta fundamental para combatir un fenómeno que degrada el mercado de vivienda y mina la seguridad jurídica de los propietarios.