Los okupas se han organizado en Tarrasa (Cataluña) para crear la primera asociación que fomenta este delito en toda España. Lo han hecho bajo la forma de una Asamblea, desde la cual pretenden impulsar la normalización de la usurpación de viviendas y exigir incluso al Ejecutivo que legalice una práctica que choca frontalmente con el derecho de propiedad, según ha avanzado Libertad Digital.
El caso más reciente estalló a finales de agosto, cuando un grupo de estos activistas se introdujo en un edificio de la Sareb, antiguamente ocupado por la tintorería Cardona. El inmueble, según el Ayuntamiento de Tarrasa, no reúne condiciones mínimas de seguridad, pero para los okupas esa advertencia no es más que «guerra sucia» y «presiones» de las autoridades municipales.
Esta acción se suma a una larga trayectoria de okupaciones en la ciudad. Durante años, espacios como el Kasalet o el Kalitxet sirvieron como bases de operaciones de los radicales hasta que fueron desalojados el pasado mes de marzo. Tras ese desalojo, intentaron ocupar sin éxito otro edificio, hasta que finalmente lograron entrar en la propiedad de la Sareb.
El movimiento, que se autodenomina Els Okupas de Terrassa, ha decidido dar un paso más allá en su pulso contra las instituciones. Ahora no se conforman con usurpar inmuebles, sino que se organizan públicamente para reivindicar que esas actividades se legalicen. En un vídeo difundido por la propia Asamblea, su portavoz, Pol Moya, desafió directamente al consistorio: «Estamos aquí para denunciar y para forzar al Ayuntamiento a que se posicione. ¿De qué lado está?».
La agenda de este colectivo va mucho más allá de la vivienda. Reclaman inmuebles para utilizarlos como salas de reuniones, espacios de almacenamiento, talleres, lugares de ocio alternativo y puntos de encuentro para difundir su ideología anticapitalista. En otras palabras, exigen que la sociedad les ceda de forma gratuita espacios que no les pertenecen para mantener sus actividades políticas y propagandísticas.
El trasfondo de este fenómeno está marcado por la impunidad que ofrece la legislación actual. El PSOE, cada vez más alineado con la extrema izquierda y sostenido en el poder por independentistas y herederos de ETA, ha permitido que la okupación se convierta de facto en un derecho para los usurpadores, mientras los legítimos propietarios se ven desprotegidos. No es casualidad que grupos como el de Tarrasa se envalentonen: saben que cuentan con la cobertura política y legal suficiente para seguir actuando a costa de los demás.
