La Junta Única de Resolución (JUR) y otras autoridades económicas europeas avisaron hoy de que la banca de la eurozona aún tiene trabajo por delante para prepararse ante la próxima crisis, así como del reto que supondrá el «brexit» o la salida de Reino Unido de la Unión Europea (UE).
La conferencia anual de la JUR reunió en Bruselas a instituciones y representantes del sector bancario para debatir sobre si, diez años después el estallido de la crisis, los bancos están preparados para ser intervenidos y puestos bajo resolución – como se hizo con el Banco Popular español- cuando tengan problemas, de modo que se preserve la estabilidad financiera y el dinero del contribuyente.
En este sentido, la presidenta del organismo, la alemana Elke König, advirtió de que los bancos aún deben seguir constituyendo el mínimo de fondos propios y pasivos elegibles (MREL, en inglés) que se les exige para permitir su rescate interno -sin usar dinero público-, así como trabajar para eliminar barreras a estas operaciones.
König destacó que la mayor parte de esta labor «depende de los propios bancos», mientras que la JUR trabaja con ellos para diseñar el plan de resolución que se aplicaría llegado el caso.
En este sentido, señaló que su prioridad para 2019 será «reforzar» estos planes y adaptarlos a cada entidad, y subrayó que, por primera vez, habrá planes de resolución para todos los grupos bancarios sobre los que tiene competencia. Asimismo, dijo, avanzará en fijar los requisitos de MREL para cada entidad.
König insistió en que, si bien la situación hoy es «claramente mejor» que hace cinco años, aún queda trabajo por hacer y debería acometerse antes de que la situación económica empeore.
«Lo que me pone un poco nerviosa (…) es que hay que reparar el tejado mientras brilla el sol, no en invierno. Los bancos tienen que progresar en estos temas. Esperar a una crisis financiera para abordar un problema no es una idea inteligente», dijo.
Asimismo, añadió, quedan otras cuestiones por solucionar, como la armonización de las leyes de insolvencia nacionales en los 19 países del euro y el modo de garantizar que cuando se produce una resolución el banco tenga liquidez para servir a los clientes.
Además, insistió en que debe aprobarse el Sistema Europeo de Garantía de Depósitos (EDIS, en inglés), un fondo que cubriría los depósitos de menos de 100.000 euros en la eurozona, independientemente de dónde se encuentre el banco, y el cortafuegos para el Fondo Único de Resolución.
En este sentido, König destacó que la crisis financiera dejó claro que las soluciones «sólo pueden ser europeas», y señaló que le «preocupa» que «en la agenda política lo que parece es que cada uno piensa en sí mismo». Por otro lado, los participantes coincidieron en que el «brexit» supone un «reto» para el sector.
El presidente de la Autoridad Bancaria Europea (ABE), el italiano Andrea Enria, señaló que, por una parte, habrá que «reconstruir» el marco de cooperación entre el Reino Unido y los socios que hoy proporcionan las normas comunitarias con nuevos acuerdos de cooperación, y apuntó que la Autoridad ya ha diseñado un marco para ello.
Por otra parte, dijo, los instrumentos emitidos bajo las leyes británicas dejarán de ser elegibles para constituir los colchones (MREL) que necesitan los bancos de la eurozona.
Para evitar el problema, la «mayoría» de las entidades afectadas en Reino Unido «ha puesto o prevé poner en marcha acuerdos para pasar a emitir bajo ley europea o introducir ciertas cláusulas contractuales», dijo Enria.
En otro orden de cosas, la presidenta de la JUR anunció que el próximo 6 de noviembre se abrirá un período de tres semanas en el que los afectados por la resolución del Banco Popular podrán opinar sobre su decisión preliminar de no compensarles por las pérdidas que generó.
En la fase de registro, 12.000 afectados expresaron su interés en pronunciarse sobre la operación, la primera y única ordenada por la JUR, que conllevó la venta del Popular al banco Santander por un euro y pérdidas totales para accionistas y bonistas subordinados.
Sobre el caso del Popular, Jaime Ponce, presidente del Fondo de Resolución Ordenada Bancaria español (FROB) que ejecutó la resolución, defendió que cumplieron con su mandato y el banco abrió al día siguiente sin perjudicar la estabilidad financiera, pero admitió que tuvieron «mucha suerte».
Ponce añadió que extrajeron varias lecciones: que la mejor solución para preservar las funciones críticas de una entidad es la venta del negocio, que la falta de liquidez es un «impedimento sustantivo» en las resoluciones y que es «esencial» tener «acceso permanente» a información correcta y actualizada.
