La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) confirmó este viernes que España cumple la regla de gasto en pensiones fijada por la legislación vigente, aunque advierte de que este cumplimiento es compatible con una trayectoria de deuda pública considerada insostenible a largo plazo en ausencia de reformas adicionales.

Según las proyecciones centrales del organismo, la deuda pública alcanzará el 123% del PIB en 2050, frente al 100,7% registrado al cierre de 2025. La institución atribuye este deterioro al envejecimiento demográfico, el aumento del gasto en pensiones, el mayor coste de los intereses de la deuda y el crecimiento del gasto sanitario y de cuidados de larga duración.

La AIReF señala además que la actual regla de gasto presenta limitaciones metodológicas, al medir el gasto en pensiones en relación con el PIB mediante un umbral fijo, sin incorporar la evolución global de las cuentas públicas ni el volumen acumulado de deuda. A juicio del organismo, este diseño “no guarda relación con la sostenibilidad de las finanzas públicas”.

En este contexto, la institución propone reformar la regla para integrarla en el nuevo marco fiscal europeo y alinearla con el Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo comprometido con Bruselas. Entre las recomendaciones planteadas figura sustituir el actual sistema de evaluación por un mecanismo basado en tasas de crecimiento del gasto primario neto de la Seguridad Social.

El informe llega un día después de que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones difundiera sus propias previsiones sobre el gasto en pensiones, elaboradas con la herramienta INTegraSS. Las estimaciones del Ejecutivo de Sánchez sitúan el máximo gasto en el 15,3% del PIB en 2050, frente al 16,4% proyectado por la AIReF, diferencia que responde a escenarios macroeconómicos y demográficos más favorables en las previsiones gubernamentales.

La AIReF sostiene que el envejecimiento de la población provocará que el número de pensiones pase de los actuales 11,6 millones a 17,4 millones en 2050, lo que incrementará la presión sobre el conjunto de las cuentas públicas.