La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha cifrado en 19.407 millones de euros el coste acumulado para las arcas públicas de las sentencias y laudos desfavorables contra el Estado entre 2014 y 2025, una factura que incluye indemnizaciones, intereses de demora y costas procesales derivadas de decisiones administrativas y legislativas posteriormente corregidas por los tribunales.
Según el informe presentado este miércoles por la AIReF, y que avanza este jueves Libre Mercado, el desembolso refleja las consecuencias económicas de la ineficiencia del Estado en la elaboración y aplicación de normas, así como los costes asociados a resoluciones judiciales adversas para la Administración General del Estado.
Los datos muestran una evolución irregular a lo largo del periodo analizado. En 2014, el coste ascendió a 1.671 millones de euros; en 2015 cayó hasta 22 millones; en 2016 se situó en 436 millones; en 2017 fue de 113 millones; en 2018 alcanzó 568 millones; y en 2019 llegó a 713 millones de euros.
A partir de entonces, la factura se incrementó de forma significativa. En 2020 alcanzó los 1.949 millones de euros, mientras que en 2021 ascendió a 2.119 millones. En 2022 se situó en 1.876 millones, descendió a 724 millones en 2023 y registró un máximo histórico de 6.582 millones en 2024.
De acuerdo con estos datos, durante los años de Gobierno de Pedro Sánchez, tomando como referencia el periodo comprendido entre 2019 y 2025, la factura acumulada por sentencias y laudos contra el Estado asciende a 16.597 millones de euros, lo que representa más del 85% del total contabilizado desde 2014.
Entre las resoluciones desfavorables más relevantes figuran los laudos internacionales por las energías renovables, un ámbito en el que España acumula condenas millonarias por los cambios regulatorios aplicados al sector durante los últimos años.
En conjunto, estas actuaciones extraordinarias sumaron 7.062 millones de euros, una cantidad notablemente inferior a los 19.407 millones que, según la AIReF, han terminado costando las decisiones del Estado corregidas posteriormente por los tribunales.
