La semana pasada, el Gobierno socialista presumió de que la deuda pública española bajó en diciembre de 2025 al 100,8% del PIB y que se encuentra sólo un punto por encima de diciembre de 2018, el año en que Pedro Sánchez accedió a la presidencia mediante una moción de censura. Sin embargo, entre ambos años la deuda ha pasado de 1,210 billones de euros a 1,699 billones.
¿Cómo, habiendo crecido un 40% en siete años, la deuda baja respecto al PIB? La «magia» se debe a la inflación y al aumento del PIB, que crece casi exclusivamente por el crecimiento de los inmigrantes. La población extranjera residente en España se aproxima a los 10 millones.
Sin embargo, hay otro truco. Los tenedores de las emisiones de deuda pública que realiza el Tesoro español no son sólo los ciudadanos y los fondos de inversión que compran las letras y los bonos. Las demás administraciones públicas españolas también emiten deuda y la adquieren, pero no se suman a la anterior, según el Protocolo de Déficit Excesivo. Como éstas nunca quiebran…
En realidad, la deuda pública total (o los pasivos en circulación en poder de todas las Administraciones) ascendió a 2,23 billones de euros el 31 de diciembre de 2025, según los datos del Banco de España. Es decir, un 133% del PIB nacional.
El Protocolo de Déficit Excesivo (concepto de endeudamiento utilizado en el ámbito del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la UE) excluye a los bonos del estado que tienen las administraciones, porque, en caso de dificultades financieras, podrían dejar de pagarlos, aunque semejante medida causaría un colapso económico. Por ejemplo, no habría dinero para abonar las pensiones.
Este Protocolo de Déficit Excesivo es una manera de esconder endeudamiento por parte de los Estados, ya que no incluye la deuda acumulada por las administraciones públicas. Se trata, por tanto, de ingeniería financiera, que todos los Estados de la UE, así como la Comisión y el Banco Central Europeo, aceptan con los siguientes objetivos: mantener la alta calificación de calidad de los bonos de los diferentes Estados, de modo que se sigan comprando, sin tener que subir el nominal, y no tener que reducir el endeudamiento, mediante recortes. Y aquí están de acuerdo los españoles, los belgas, los franceses, los italianos y los alemanes.
Otro asunto es saber a qué se destina esa deuda descomunal, junto con la enorme recaudación fiscal, de unos 320.000 millones en 2025, y los fondos europeos activados después del covid (Next Generation y Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia), que el Gobierno calculaba en 163.000 millones de euros.
Una de las razones son los tres millones de personas residentes en España (en torno a un tercio de ellas extranjeras) que viven del Ingreso Mínimo Vital. Otra, los 180.000 millones de euros destinados en 2025 al pago de salarios a los empleados del sector público. Una tercera, las transferencias concedidas por Hacienda a la Seguridad Social para abonar las pensiones, que el Gobierno ha calculado en casi 23.000 millones para 2026. Y una cuarta, la corrupción del Estado autonómico, desde los ayuntamientos y las empresas públicas, como Adif, a la ayuda oficial al desarrollo y la pléyade de observatorios.
