«Ser es defenderse», Ramiro de Maeztu
La Gaceta de la Iberosfera
Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.
En 2023 no abrió ninguna diligencia de investigación por este tipo de delito

La Fiscalía Europea no logra detectar casos de fraude con fondos UE en España porque los jueces y fiscales no colaboran

La Fiscalía Europea pide investigar el caso Koldo
Fiscalía Europea. UE.

La Fiscalía Europea (EPPO) en España atraviesa dificultades para detectar casos de fraude cometidos con fondos europeos Next Generation. Y es que, aunque esta semana cumple su tercer aniversario, sigue teniendo problemas de comunicación con jueces y fiscales nacionales. «No siempre se nos informa», señalan fuentes del órgano, que detallan que en 2023 no abrió ninguna investigación de este tipo.

Las fuentes consultadas precisan que aún hay «margen de mejora» en la relación que el equipo de siete fiscales delegados y nueve funcionarios mantiene con las autoridades nacionales. Juzgados, fiscalías y administraciones, aún no colaboran en la medida deseada. El 1 de junio de 2021 se puso en marcha la EPPO a través del mecanismo de cooperación reforzada en el que participan 23 de los 27 Estados miembro.

Las fuentes explican que, aunque la normativa europea dicta que cualquier irregularidad que afecte a fondos UE debe ponerse en conocimiento de la EPPO, no suele ser así. Insisten en que todavía hay autoridades nacionales que no entienden el funcionamiento de este órgano comunitario.

La Fiscalía Europea, liderada en España por el fiscal Ignacio de Lucas, se dedica a investigar los delitos que atenten contra los intereses financieros de la UE. La intención es llevarlos a juicio y recuperar el daño causado a los fondos europeos.

Entre los procedimientos mediáticos que acumula en este 2024, constan la investigación sobre los contratos de Baleares y Canarias con la denominada trama Koldo. También la denuncia contra el director general del IbSalut, Javier Ureña (PP), por supuestamente haber dejado caducar la reclamación a la empresa de dicha trama. Estos casos, de momento, no figuran en las estadísticas del órgano. Con todo, sostienen que las investigaciones de compra de mascarillas no son el grueso de los casos.

En 2023 destacó la denominada Operación Timeo, relativa a una presunta organización criminal con ramificaciones en América Latina acusada de un fraude de IVA de más de 25 millones de euros. También la Operación Agros, sobre una presunta red criminal dedicada al fraude de subvenciones agrícolas de la Unión Europea.

Según las fuentes consultadas, en 2023 la EPPO no abrió ninguna investigación relativa al fraude de fondos Next Generation. Son las partidas dedicadas a la recuperación económica europea tras la pandemia del coronavirus. Sobre este extremo, señalan que el número de casos depende —en gran medida— de la detección de dichos casos.

Según el informe de 2023, la Fiscalía Europea mantiene en España un total de 47 investigaciones en curso que afectaría un total de 321 millones de euros. 29 de los procedimientos fueron abiertos en 2023 y abarcarían un importe total de 217,3 millones de euros. En el documento consta que nueve de las investigaciones están relacionadas con el fraude del IVA.

Del informe se desprende también un aumento en el número de solicitudes de auxilio emitidas —72 en 2023 frente a 23 en el año anterior—. Las investigaciones con dimensión transfronteriza pasan a 13 en 2023 de las 7 en 2022. Los fondos embargados tuvieron un importe de 126 millones de euros —frente a los 57 millones del año anterior—.

Así las cosas, las fuentes consultadas destacan el «incremento» y la «complejidad» de las investigaciones dirigidas por la Fiscalía Europea en España en su tercer año de vida. Esto conlleva un «mayor volumen de trabajo» que, según avisan, aumentará cuando las causas lleguen a fase de juicio.

Por ello, el órgano comunitario ha reclamado a Félix Bolaños que le autorice la contratación de dos nuevos fiscales delegados. Aunque la sede de la Fiscalía Europea en Luxemburgo ya ha dado el visto bueno, es necesario un acuerdo con el Ministerio. Desde la EPPO también reclaman una estructura de unidades de apoyo similar a la existente en la Fiscalía Anticorrupción española, con unidades de Policía Nacional y Guardia Civil.

De momento, la Fiscalía Europea consiguió apoyo de la Intervención General de la Administración del Estado. Esta ya se encuentra trabajando en la sede del órgano comunitario en Madrid.

.
Fondo newsletter