La Administración Pública española es muy compleja. Hay 22 ministerios que gastan todo lo que pueden y más… y 17 comunidades autónomas –de las que sólo alguna racionaliza el gasto– con más de 1.500 organismos autónomos. Hay también 49 diputaciones y cabildos insulares, más de 8.100 ayuntamientos. Y la Administración más cara de la Unión Europea. En el apartado de gastos de personal se alcanza el 24,9%, cuando Alemania está en un 16,2%. Pero el caso concreto de Cataluña es más que preocupante.
La Administración de la Generalidad cuesta 53.441 millones; el Sector Público Administrativo cuesta 18.258 millones; y el Sector Público no Administrativo cuesta 3.717 millones de euros. En conjunto, la administración catalana cuesta 75.416 millones de euros. Y mientras el Gobierno autonómico plantea para 2023 un presupuesto de gastos de personal de 15.000 millones de euros y lo quiere subir un 50%.
Esta partida da una fotografía fija sobre lo que está sucediendo en la región gobernada por Peré Aragonés con el dinero de los españoles. Se dedican a pagar unos salarios desproporcionados que les van a permitir mantener una organización paralela al Estado desde la que volverán a presentar, cuando quieran, un nuevo intento de independencia, tal y como nos han avisado.
Al mismo tiempo, una partida que demuestra el poco interés que tiene el Gobierno de la Generalidad en crear riqueza para los catalanes: la inversión real. Planteó un presupuesto de 1.892 millones de euros —un 2,5% del total–, pero 12 de diciembre sólo ejecutó 997,8 millones. La deuda, por su parte, ha llegado a 86.000 millones y supera con creces a todas las otras comunidades autónomas.
El presupuesto de gastos –75.000 millones de euros– es mucho más grande que varios de los pequeños estados de la UE como Bulgaria, Letonia, Estonia y Lituania. Esos 75.000 millones de euros es lo que costó la sanidad pública en España en el año 2021 para dar servicio a más de 47 millones de habitantes.
