Según la Directiva 2011/85/UE del Ministerio de Haciendia, «los Estados miembros publicarán la información pertinente sobre los pasivos contingentes que puedan incidir de manera significativa en los presupuestos públicos, en particular los préstamos morosos, indicando su magnitud».
Y resulta que estos datos se envían todos los años en octubre, con la situación de los cuatro últimos años de actividad, o sea, dado que cuando esto se envió a la UE fue en octubre de 2022, contemplaba la situación de los años 2018 a 2021, desafortunadamente no hay información para 2022, al menos que yo haya encontrado hasta la fecha.
En esta información el Ministerio de Hacienda, hace constar los criterios para contabilizar préstamos de dudoso cobro y dice:
«Un préstamo se considera de dudoso cobro cuando:
a) los pagos de intereses o del principal sufren un retraso de noventa días o más tras su vencimiento; o
b) el interés pagadero de noventa días o más se ha capitalizado, refinanciado o retrasado mediante acuerdo, o
c) los pagos tienen un retraso inferior a noventa días, pero hay otras buenas razones (como una declaración de quiebra del deudor) para dudar de que los pagos se abonarán íntegramente»
En definitiva, la Directiva de la UE obliga a informar de todas aquellas deudas que el gobierno, tiene pendientes de cobro y que cumplen con estas características.
Todo hasta aquí es normal y si digo que la cifra que los Ayuntamientos han declarado para estos cuatro años son de 11 millones de euros, podríamos pensar que es un informe rutinario. Pero si miramos el peor año de las comunidades autónomas y vemos que en un solo año son 628 millones, ya empiezas a pensar que a lo mejor se les ha ido la mano un poco a las comunidades con algunos de sus préstamos.
Pero la situación es mucho más seria. La deuda pendiente de cobro que se ha declarado como incobrable es de 57.076 millones a finales de 2021 y solo contando desde 2018.
Distribución de los 57.000 millones
Lo primero que podemos ver es que a la Administración Central, la que depende de la gestión de Pedro Sánchez, le corresponden 54.658 millones que suponen el 95,8% del total de la deuda incobrable.
Las Comunidades Autónomas, y no sabemos cuáles y en qué monto, tienen en cuatro años 2.407 millones que suponen un 4,2% del total y como he comentado, la parte de incobrable de los Ayuntamientos es de 11 millones y la de la Seguridad Social es de cero millones. Menos mal que este último organismo no se ha dedicado a prestar dinero.
Resulta llamativo que la curva de aprendizaje es muy cara, llegan al Gobierno y se dedican a prestar a cualquiera y tienen hoy un pufo de 18.000 millones, al año siguiente mejoran y ya solo se equivocan en 14.000 millones, en el 2020 erran en 12.500 millones y en el 2021 en 9.600 millones. Está claro que poco a poco han aprendido a prestar, lo preocupante es que a pymes y autónomos prestaron casi 80.000 millones de euros y que no sabemos cómo va la devolución de esos préstamos, o al menos no se ha publicado oficialmente nada, aunque el ICO me imagino que ya sabrá cómo va la devolución.
Esta cifra de dudoso cobro, para que nos hagamos una idea, es igual al coste de todo el Ejército español, más toda la Policía, más toda la Guardia Civil, más toda la Administración de Justicia, más todas las embajadas que tenemos por el mundo con todos los funcionarios que hay en esas embajadas, más toda la inversión pública prevista para el año 2022, si esta se materializase.
Se trata de una cantidad absolutamente desproporcionada, que no se explicita en el informe a quién se ha prestado, que el gobierno ha hecho lo que le da la gana con el dinero de los españoles y que ha mal prestado a no sabemos quién. Y en estas cifras todavía no se recogen los créditos ICO que se dieron en 2020 porque han empezado a vencer en junio de 2022.
Sin saber a quién se ha prestado el dinero y para qué, se hace muy difícil decir si ha habido prevaricación en los préstamos, aunque eso ya tiene poca importancia, porque al no ser delito, lo único que podríamos es hacer un ránking público de prevaricadores y malversadores y de los montos de dinero malversados, al menos para que la sociedad civil sepa quiénes son y quizás con una derogación de la ley, podamos acudir a reclamar a quienes han quemado 100 veces más caudales que en los ERE de Andalucía.
Si 680 millones de euros nos parecieron mucho, cómo nos tiene que parecer que el Gobierno socialista con comunistas y sostenido por independentistas y asesinos etarras, hayan derrochado 55.000 millones de euros. Y, por último, informa a la Comisión Europea y no ha pasado nada.
