Ante la inminente subida del Impuesto sobre Sucesiones que planea el Gobierno, muchas familias están optando por adelantarse a esta medida a través de donaciones y herencias en vida. Expertos en fiscalidad señalan que se ha desatado una oleada de planificación patrimonial destinada a eludir la armonización fiscal que busca implantar el Ejecutivo. Las personas están recurriendo a donaciones directas a sus seres queridos o a pactos sucesorios en comunidades autónomas donde esta figura jurídica es posible, como Galicia, Baleares o País Vasco. Este tipo de estrategias se conocen como «eutanasia fiscal«, es decir, la liquidación anticipada de bienes para evitar la carga impositiva futura.
La propuesta de incrementar este impuesto había sido un rumor el año pasado, pero Sumar, el partido liderado por Yolanda Díaz, lo llevó al debate público en enero al pedir que se gravaran más las grandes herencias. Aunque en ese momento la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, rechazó la propuesta, el tema ha vuelto a la agenda. El pasado lunes, Díaz reavivó la discusión durante la presentación del programa de Sumar, exigiendo que este aumento de impuestos, que busca recaudar 27.000 millones de euros, sea parte de los próximos Presupuestos de 2025.
El Gobierno ya está trabajando en medidas similares. En junio, Montero confirmó que el Ejecutivo planea avanzar en la armonización fiscal, enfocándose en los impuestos cedidos a las comunidades autónomas, como el de Sucesiones y el de Patrimonio. Según la ministra, la bonificación casi total de estos tributos en regiones como Madrid ha llevado a un «vaciamiento fiscal», afectando las arcas públicas.
Este movimiento por parte del Gobierno ha generado incertidumbre. Muchos se preguntan qué se considerará una «gran herencia». Para Sumar, aquellas que superen el millón de euros, excluyendo la vivienda principal. Además, proponen reducir el umbral del Impuesto a Grandes Fortunas, de tres millones a un millón, lo que ampliaría la base de contribuyentes sujetos a este tributo.
Ante este panorama, los pactos sucesorios han ganado popularidad como una herramienta para evitar la carga impositiva. En territorios con Derecho Civil propio, como Aragón, Navarra o Cataluña, estos acuerdos permiten que los bienes pasen a los herederos en vida sin incurrir en los elevados costes de Sucesiones. Además, las donaciones anticipadas también están siendo utilizadas como una vía para esquivar el incremento fiscal, aunque con ciertas advertencias.
El reciente Impuesto a Grandes Fortunas, que entró en vigor en 2022, es un claro antecedente de lo que podría ocurrir con la reforma de Sucesiones. Aunque este impuesto ha sido avalado por el Tribunal Constitucional, su recaudación ha sido menor a lo esperado. En su primer año, apenas superó los 600 millones de euros, muy por debajo de las previsiones del Gobierno.
Este escenario ha generado preocupación entre los contribuyentes, que temen que la armonización del Impuesto sobre Sucesiones termine afectando a familias que, sin ser inmensamente ricas, vean cómo se incrementa significativamente su carga fiscal. Además, se plantea el desafío jurídico de implementar un tributo cedido a las comunidades autónomas a nivel estatal, algo que podría generar nuevos conflictos con las regiones.
