Pedro Sánchez ha intensificado su discurso contra las élites para justificar y, al mismo tiempo, financiar el cupo catalán, sugiriendo una mayor imposición a los más ricos. En un acto reciente, el presidente del Gobierno afirmó que es necesario «gravar a los que tienen dinero para vivir 100 vidas», una declaración que refleja su intención de limitar los privilegios de las «clases altas». Desde 2021, el Gobierno ha introducido varias medidas dirigidas a gravar grandes patrimonios, aunque los resultados han sido limitados: la recaudación apenas ha superado los 600 millones de euros, muy por debajo de las expectativas iniciales.
Según fiscalistas y expertos consultados por Vozpópuli, la única forma de financiar el cupo catalán, acordado con ERC a cambio de la investidura de Salvador Illa, sería una subida general del IRPF. Esta medida, según Fedea, podría generar hasta 13.000 millones de euros adicionales, una cantidad necesaria para cubrir el impacto financiero del acuerdo. De hecho, este pacto podría implicar que Cataluña reciba entre 6.600 y 13.200 millones de euros anuales de la caja común, lo que representa una reducción significativa en su aportación al resto del país. Para cubrir este déficit, el Estado tendría que aumentar su recaudación o reducir su gasto, especialmente en áreas como pensiones y defensa.
Fedea ha advertido de que si el Estado opta por incrementar el IRPF, sería necesario un aumento del 29,5% en el tramo estatal del impuesto en el territorio común, lo que supondría una recaudación adicional de unos 13.000 millones de euros. En caso contrario, si el Gobierno decidiera asumir la caída de ingresos sin modificar el IRPF, se vería obligado a reducir la financiación de las demás comunidades autónomas en un 10,7% en promedio.
Por otro lado, el esfuerzo por gravar grandes fortunas también ha dado resultados modestos. En 2022, el impuesto a las grandes fortunas recaudó 623,6 millones de euros, muy por debajo de los 1.500 millones inicialmente previstos. Además, la recaudación conjunta del Impuesto de Patrimonio y el de Grandes Fortunas alcanzó 1.873,6 millones, pero sigue siendo insuficiente para financiar medidas tan ambiciosas como el cupo catalán. Incluso la subida de impuestos a las rentas del capital ha tenido un impacto limitado: de los 491 millones previstos en los Presupuestos de 2021, sólo se recaudaron 131 millones en ese año y 339 millones en 2022.
En paralelo, se ha especulado sobre la posibilidad de introducir un impuesto a grandes herencias, similar al de grandes fortunas. Aunque la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha negado repetidamente que se vaya a armonizar el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, dejó abierta la puerta a esta posibilidad en junio de 2023, aludiendo a la necesidad de evitar un «vaciamiento fiscal» provocado por las bonificaciones de varias comunidades autónomas, como Madrid y Andalucía. Esto podría suponer una nueva fuente de ingresos para el Gobierno, en su intento de equilibrar las finanzas y mantener el acuerdo con Cataluña sin afectar significativamente al resto del país.
