El consumo eléctrico de La Moncloa supone una factura anual que ronda los dos millones de euros, una cifra que ha ido en aumento en los últimos años. En 2024, el coste exacto ascendió a 1.419.332 euros, según datos obtenidos a través de una solicitud de transparencia. A lo largo de los últimos siete años, los registros muestran que, aunque el gasto medio se mantiene en torno a 1,5 millones anuales, hubo dos ejercicios en los que se superaron con creces los dos millones de euros: en 2022, cuando la cifra alcanzó los 2,41 millones, y en 2023, con un récord absoluto de 2,8 millones.
En cuanto a la demanda energética, el informe, que ha analizado The Objective, revela que el consumo de electricidad en La Moncloa se mantiene estable en torno a los 10,5 millones de kilovatios hora (kWh) anuales. Los picos más altos de consumo se registraron en 2019 y 2021, con cifras ligeramente superiores a los 10,9 millones de kWh.
El Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes también proporcionó datos sobre el gasto en agua, aunque solo hasta 2021. En el último año registrado, el desembolso por este servicio alcanzó los 160.918 euros, una cantidad inferior a los 209.171 euros de 2020 o a los 261.179 euros de 2019, cuando el consumo fue de 96.661 metros cúbicos, la cifra más alta de la serie.
Los registros indican que, a lo largo del tiempo, la utilización de este recurso ha fluctuado significativamente, con una reducción en 2021, cuando el gasto descendió hasta los 59.500 metros cúbicos, situándose en su nivel más bajo de los años analizados.
A comienzos de 2024, el Ministerio de Defensa adjudicó el contrato para el catering de los aviones Falcon a la empresa Do&Co Airline Catering Spain, especializada en menús exclusivos. El acuerdo, que inicialmente tenía una duración de tres meses y un coste de dos millones de euros, incluía una amplia selección de platos gourmet, bebidas alcohólicas y aperitivos. Además, el contrato contemplaba la posibilidad de prorrogarse hasta un período de cinco años, lo que supondría una inversión considerablemente mayor.
Otro gasto controvertido del último año fue el envío de cartas personalizadas a pensionistas, informándoles de la revalorización de sus prestaciones. La iniciativa supuso un desembolso total de tres millones de euros, distribuidos entre 428.230 euros para impresión y materiales y 2.743.453 euros en envíos postales. Desde el Ejecutivo defendieron la medida alegando que muchos beneficiarios no tienen acceso a notificaciones electrónicas, pero la oposición criticó el gasto como una maniobra propagandística innecesaria.
La publicidad institucional es otro de los ámbitos en los que el Ejecutivo ha destinado cantidades millonarias. En 2024, se invirtieron 138 millones de euros en campañas publicitarias, sumando más de 400 millones desde la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia. A este importe habría que agregar los 130 millones gastados por empresas públicas como Renfe, Correos y Loterías del Estado, lo que eleva aún más la inversión total en este ámbito.
En 2023, el Gobierno se convirtió en el mayor anunciante de España, con una inversión de 90,4 millones de euros en publicidad institucional, la segunda cifra más elevada en 15 años, sólo superada por la de 2022.