El real decreto de reforma del subsidio por desempleo, presentado por la actual ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, resultará en que miles de desempleados de bajos ingresos deban pagar más en el Impuesto sobre la Renta el año que viene. El cambio implica que todos los perceptores de una prestación o un subsidio por desempleo tengan que presentar la declaración de la renta para continuar percibiendo esa ayuda.
Esta cautela regulatoria fue presentada como una herramienta para un mejor control del requisito de rentas a cumplir para ingresar las prestaciones y subsidios, de forma que la información que se proporciona en principio a través de una declaración responsable se contrastará después con la de la declaración tributaria. La norma también fija que el no cumplimiento de esta norma supondrá la suspensión automática de la prestación.
Desde el Ministerio de Trabajo justifican que «es lo mismo que sucede con otras prestaciones como el Ingreso Mínimo Vital», pero que «no significa que los parados tengan que pagar si no llegan al mínimo exento». Asimismo, la ministra Yolanda Díaz aseguró en la presentación de sus propuestas fiscales para los Presupuestos que este caso «es una mera obligación documental».
Sin embargo, el inspector de Hacienda Francisco de la Torre y el economista y consultor Carlos Victoria publicaron un informe que aseguraba que la distancia entre no tener la obligación de declarar y tener que presentar la declaración de la renta se puede contar en cientos de euros.
