Bajo el triunfalismo de las cifras récord de afiliación, el colectivo de autónomos vive una realidad muy distinta: miles de trabajadores por cuenta propia están al borde de abandonar, asfixiados por la presión fiscal, el encarecimiento constante de las cotizaciones y un sistema de protección social que no cubre sus necesidades.

Los datos lo confirman. En julio se perdieron 235 autónomos cada día, un total de 7.286 en el mes, lo que supone 2.339 menos que en el mismo periodo de 2024 y el peor dato de los últimos tres años. Un golpe para un sector que aporta el 1,5% del PIB y el 17% del empleo, y que soporta costes laborales y de producción disparados, falta de financiación y serias dificultades para acceder a prestaciones sociales.

La más sangrante es la prestación por cese de actividad, por la que cotizan y que ronda los 800 euros mensuales, con un fondo de más de 1.400 millones, pero que se deniega a seis de cada diez solicitantes. Las razones: requisitos imposibles, burocracia excesiva y trabas añadidas por las mutuas que gestionan este trámite en nombre de la Seguridad Social.

Hasta mayo, de casi 8.000 solicitudes presentadas, 5.000 fueron rechazadas. Y la situación empeora: en 2024 la tasa de denegación fue del 45%, pero en lo que va de año ya alcanza el 60%, pese a las promesas de la ministra Elma Saiz de flexibilizar el acceso con el nuevo sistema de cotización por ingresos reales. La exigencia de acreditar pérdidas superiores al 10%, cierres forzados o caídas significativas de ingresos deja fuera a la mayoría, especialmente a quienes tributan en módulos o carecen de contabilidad digital.

Además, para acceder a la prestación hay que haber cotizado al menos 12 meses por este concepto y estar al corriente de pago. Todo un embudo que condena a muchos autónomos al cierre sin apoyo alguno.

La situación no mejora en materia de pensiones: un autónomo cobra de media un 36% menos que un asalariado. En jubilación, la diferencia es aún mayor: poco más de 1.000 euros frente a más de 1.400. “No podemos permitir que los autónomos que han contribuido toda su vida laboral estén condenados a la pobreza al llegar a la jubilación”, denuncia Eduardo Abad, presidente de UPTA, que acusa al Gobierno de no resolver una cuestión esencial para la justicia del sistema.

A todo esto se suma la desaparición paulatina del comercio. Solo en julio cerraron cerca de 1.300 negocios, una sangría que UPTA atribuye a la falta de relevo generacional y a una combinación de factores que arrastra al pequeño comercio a una caída generalizada desde hace años. “Necesitamos actuar ahora antes de que el daño sea irreversible”, advierte Abad.