«Ser es defenderse», Ramiro de Maeztu
Una normativa prohíbe expresamente las acampadas y las ocupaciones particulares

VOX exige al Gobierno de Vivas (PP) que haga cumplir la Ordenanza de Playas y desaloje a los inmigrantes ilegales del Trampolín

Chabolas en la playa de Ceuta. Redes sociales

VOX Ceuta ha exigido al Gobierno de Juan Vivas (PP) que «deje de mirar hacia otro lado» y proceda al desalojo inmediato de los asentamientos que se están consolidando en diferentes playas de la ciudad autónoma, especialmente en la del Trampolín. La formación reclama que se retiren las construcciones improvisadas levantadas en el litoral y recuerda al Ejecutivo municipal que dispone de una normativa que prohíbe expresamente las acampadas y las ocupaciones particulares de estos espacios públicos.

La petición llega después de que centenares de inmigrantes ilegales hayan permanecido instalados en esta zona mediante chabolas y refugios construidos con plásticos, cartones y otros materiales. Este domingo, además, se ha celebrado en el mismo enclave una concentración de migrantes para reclamar asilo, en un momento en el que diferentes puntos de Ceuta continúan soportando las consecuencias de la reciente crisis migratoria.

VOX fundamenta su reclamación en la propia Ordenanza municipal de uso y aprovechamiento de las playas. El partido recuerda que su artículo 27 establece el carácter de dominio público de estos espacios e impide su utilización privativa, mientras que el artículo 30 prohíbe instalar tiendas de campaña o realizar acampadas independientemente de su duración y durante cualquier época del año.

La normativa contempla además, a través de su artículo 31, que cualquier ocupación de una playa necesita previamente una autorización expresa de la autoridad competente. Para la formación, estas disposiciones ofrecen al Ejecutivo de Vivas herramientas suficientes para intervenir y evitar que los campamentos improvisados terminen convirtiéndose en asentamientos permanentes.

El partido considera que la situación de la playa del Trampolín resulta incompatible con su utilización habitual como espacio público. “No se puede consentir la consolidación de asentamientos mediante chabolas, plásticos, cartones y otras construcciones precarias, privando de hecho a los ceutíes del normal disfrute de espacios públicos que son de todos”, denuncia la formación.

A las ocupaciones se añaden los problemas relacionados con la limpieza y las condiciones sanitarias de los lugares afectados. VOX señala que la misma ordenanza atribuye a la Ciudad responsabilidades para mantener las playas en condiciones adecuadas de higiene, limpieza y salubridad, por lo que reclama reforzar inmediatamente estos servicios y evitar la aparición de nuevos campamentos.

La formación dirige especialmente sus críticas contra Juan Vivas, al que reprocha reclamar actuaciones al Ejecutivo central mientras, a su juicio, no aplica todas las competencias que corresponden a la administración municipal. “Vivas no puede exigir soluciones al Gobierno de España mientras deja de ejercer las competencias que corresponden a la Ciudad”, sostiene VOX.

“Si existe una Ordenanza municipal que prohíbe expresamente las acampadas y las ocupaciones no autorizadas, su Gobierno tiene la obligación de aplicarla y recuperar estos espacios para su uso público”, añade el partido, que reclama una actuación coordinada entre la Ciudad y el resto de administraciones implicadas.

La propuesta de VOX pasa por desmantelar el asentamiento del Trampolín, retirar las chabolas y demás estructuras levantadas, limpiar completamente la zona y establecer posteriormente vigilancia suficiente para impedir que vuelva a producirse una ocupación similar.

Respecto a las personas desalojadas que permanezcan irregularmente en Ceuta, la formación propone trasladarlas a espacios habilitados y controlados en la zona del Tarajal. Según argumenta, esta medida permitiría evitar su dispersión por playas, barriadas y otros espacios públicos de la ciudad.

VOX plantea que allí puedan ser identificadas y permanezcan a disposición de las autoridades estatales responsables de estudiar individualmente su situación administrativa. El partido reclama que, una vez realizado ese procedimiento, se tramite su permanencia en España o, en aquellos casos en los que legalmente corresponda, su devolución o expulsión.

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