La identificación automática entre inmigración ilegal y huida de conflictos armados no se corresponde con los datos. El 86% de los casi 400.000 inmigrantes que han entrado ilegalmente en España por las rutas africanas durante la última década no procede de países en guerra. Marruecos, Argelia y Senegal —territorios considerados seguros o estables— figuran entre las principales nacionalidades.
Las cifras de Frontex, recogidas por El Debate, muestran que menos de 56.000 de esos 400.000 inmigrantes procedían de países africanos afectados por conflictos armados. Es decir, sólo 14 de cada 100. Además, cerca de 44.000 eran originarios de Mali, el único Estado en guerra con una presencia relevante entre quienes alcanzan ilegalmente las costas y fronteras españolas.
El resto procede de países cuyos ciudadanos reciben de forma sistemática una respuesta negativa cuando solicitan protección internacional. Las estadísticas de la Oficina de Asilo y Refugio, dependiente del Ministerio del Interior, recogen tasas de denegación cercanas al 95% para algunas de las nacionalidades con más llegadas.
La legislación española y los tratados internacionales no conceden el asilo de forma automática por abandonar un país con dificultades económicas o políticas. Cada solicitante debe acreditar que sufre persecución, violencia grave o un riesgo real derivado de un conflicto armado.
Marruecos y Argelia concentran la mitad de las entradas
Las rutas del Mediterráneo Occidental —Península, Baleares, Ceuta y Melilla— y de África Occidental —con destino a Canarias— han trasladado hasta España a casi 400.000 inmigrantes ilegales durante los últimos diez años. La mitad eran marroquíes o argelinos.
Marruecos está considerado un país seguro por la Unión Europea. Sus nacionales deben demostrar que su situación constituye una excepción y que sufren una amenaza individual que justifica la concesión de protección. El Gobierno español rechazó el año pasado el 94% de las solicitudes de asilo resueltas de ciudadanos marroquíes.
Unos 100.000 marroquíes han entrado ilegalmente en España durante la última década, repartidos casi por igual entre la vía canaria y las rutas del Mediterráneo, Ceuta y Melilla. Al mismo tiempo, la comunidad marroquí empadronada ha alcanzado las 1.165.955 personas, 410.000 más que hace diez años, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Argelia no figura en la lista común de países de origen seguros de la Unión Europea, aunque varios Estados miembros sí la incluyen en sus legislaciones nacionales al considerar que no existe una situación generalizada de persecución o conflicto. España denegó el pasado año el 91% de las peticiones de protección presentadas por argelinos.
Frontex contabiliza unos 87.000 argelinos llegados ilegalmente a España durante los últimos diez años, casi todos por vía marítima a través del Mediterráneo. Su población empadronada asciende a 104.000 personas, 42.000 más que una década atrás.
Mali, la principal excepción
Mali representa la principal excepción entre las nacionalidades con mayor número de entradas. El país permanece inmerso en un conflicto armado y arrastra desde hace años la actividad de grupos yihadistas e insurgentes.
Durante la última década han llegado ilegalmente a España unos 43.000 malienses. La diferencia con Marruecos, Argelia o Senegal aparece también en las resoluciones de Interior: casi todas las 8.500 peticiones malienses examinadas el pasado año obtuvieron una respuesta favorable.
En España residen actualmente unos 39.000 ciudadanos de Mali, casi el doble que hace diez años.
Interior rechazó el 95% de las peticiones de senegaleses
Senegal es el cuarto país africano con más nacionales llegados ilegalmente a España durante la última década. Frontex cifra en unos 41.000 los senegaleses que alcanzaron territorio nacional, prácticamente todos a través de la ruta de los cayucos hacia Canarias.
El país está considerado uno de los más estables y pacíficos del continente africano. Por ello, las solicitudes de protección de sus ciudadanos también reciben un rechazo generalizado: Interior denegó el 95% de las resueltas el año pasado.
Los senegaleses constituyen ya la segunda comunidad africana más numerosa de España, sólo por detrás de los marroquíes. El padrón contabiliza 110.000 residentes, 47.000 más que hace una década.
La situación de Guinea presenta más matices. Aunque no sufre un conflicto armado, está gobernada por una junta militar y ha registrado episodios de represión. Pese a ello, España sólo concedió protección al 30% de los solicitantes guineanos cuyos expedientes fueron resueltos el último año.
Las llegadas desde otros países africanos en guerra son mucho menores. En diez años entraron entre 2.000 y 2.500 personas procedentes de Burkina Faso, Somalia y Sudán; alrededor de 500 de la República del Congo y otros tantos de la República Democrática del Congo; y algo más de 3.000 de Camerún. En este último caso, Interior rechaza casi la mitad de las solicitudes.
Los datos de Frontex y de la Oficina de Asilo desmontan así el argumento de que la mayoría de quienes utilizan las rutas ilegales africanas llegan a España huyendo de una guerra. La práctica administrativa del propio Gobierno reconoce lo contrario al denegar la protección internacional a una abrumadora mayoría de los solicitantes de las nacionalidades con más entradas.
