España cuenta con uno de los parques de vivienda pública más reducidos de Europa. Apenas el 1,5% del total de inmuebles residenciales tiene titularidad pública, frente al 7% de media de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Alcanzar ese porcentaje exigiría incorporar alrededor de 1,4 millones de viviendas públicas adicionales, según los datos recogidos por el Banco de España en su informe anual de 2025.
Tal y como publica La Razón, la situación contrasta con la de otros países europeos, como Países Bajos, donde la vivienda pública representa el 34% del parque inmobiliario; Austria, con un 23,6%; Dinamarca, con un 21,5%; Reino Unido, con un 16,4%, y Francia, con un 14%.
Uno de los principales obstáculos para incrementar la oferta es la falta de suelo disponible y la prolongación de los procedimientos urbanísticos. La reforma de la Ley del Suelo, considerada por el sector inmobiliario una herramienta fundamental para desbloquear nuevos desarrollos, lleva cuatro años sin salir adelante.
El presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Pedro Fernández Alen, advierte de que la falta de modificación de la Ley del Suelo supone un impedimento para afrontar la crisis residencial. Según explica, los defectos formales en los procedimientos pueden provocar la paralización de desarrollos urbanísticos durante años, incluso cuando se trata de cuestiones subsanables.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) también ha planteado medidas para agilizar la construcción, entre ellas considerar urbanizable todo el suelo que no esté protegido, reducir la burocracia y simplificar la concesión de licencias. Actualmente, estos permisos pueden demorarse entre 12 y 18 meses.
El problema se refleja en los datos de vivienda protegida. Las unidades terminadas pasaron de 68.587 en 2008 a 11.104 en 2025, un descenso del 83,8%. También se ha reducido considerablemente la construcción de nuevas promociones: las viviendas protegidas iniciadas cayeron desde las 97.617 de 2006 hasta las 15.503 del pasado año.
Entre 2004 y 2012 se terminaron una media de 62.300 viviendas protegidas anuales, mientras que entre 2018 y 2025 la cifra descendió hasta las 9.600. El diferencial acumulado durante los últimos ocho años rondaría las 420.000 viviendas si se hubiera mantenido el ritmo anterior.
Además, solo 4.046 de las 11.104 viviendas protegidas terminadas en 2025 fueron promovidas por entidades públicas. Las 7.058 restantes correspondieron a promotores privados.
La reforma legislativa ha encadenado varios intentos fallidos desde 2022
Mientras tanto, la construcción residencial continúa por debajo de la demanda estimada. En 2025 se visaron 139.016 viviendas nuevas, frente a una necesidad demográfica calculada en unas 200.000 anuales.
El Gobierno ha impulsado distintas iniciativas, entre ellas el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, dotado con 7.000 millones de euros, y Casa 47, la entidad estatal que sustituye a Sepes. Sin embargo, esta última abrió su portal con 638 viviendas en alquiler, una cifra todavía muy alejada de las 40.000 viviendas procedentes de la Sareb cuya incorporación se contempla en su estrategia.
