Las comunidades autónomas están volviendo a una senda muy peligrosa. En el año 2021 parecía que el sentido común, excepto en Cataluña y la Comunidad Valenciana, se había apoderado de los presidentes regionales. Después de muchos años de locura y de desvarío, y con 224.983 millones de gastos sin contar las operaciones financieras de la deuda, cerraron el ejercicio con 630 millones de déficit, prácticamente cero. Nueve de las diecisiete comunidades terminaron presentando sus cuentas con superávit. Parecía así que habían entendido los mensajes del pasado: que no pueden estar endeudándose de forma permanente.
Pero de nuevo en 2022, las comunidades ven que el lobo de la pandemia ha desaparecido y empiezan a desenfrenarse. Terminaron ese año con 237.107 millones de gasto y un déficit de 15.085 millones en operaciones no financieras, y con sólo dos comunidades —Baleares y Navarra— en superávit. En 2013 se ve claramente que se ha abierto de nuevo la barra libre del déficit. Se ha visto que el Gobierno central no se corta nada en endeudarse y las comunidades han decidido seguir el peor de los ejemplos, que es gastar mucho más de lo que ingresas y, por lo tanto, volver a cometer el error de creer que la deuda no la paga nadie.
Así nos plantamos en mitad de junio con un déficit de 12.110 millones, que supone incrementarlo en un 41,3% —y todo a pesar de que los ingresos han superado por primera vez en la historia los 100.000 millones en los seis primeros meses del año—. Ya, por su puesto, nadie tiene superávit en este período de tiempo.
Pero siendo esto grave, peor es la tendencia, con los 115.151 millones de gastos todavía estamos al 48,5% del total de gastos de 2022, lo cual quiere decir que o faltan gastos por contabilizar o en el segundo semestre vamos a gastar mucho más, igual que hicimos el año pasado. En el primer semestre gastamos 106.238 millones y en el segundo semestre 130.869, es decir, el reparto de gastos se produjo un 45% en la primera mitad y un 55% en la segunda mitad.
Si esto se repite en 2023, veremos cómo se disparan de nuevo las alarmas de la deuda autonómica… mientras se disparan los ingresos por los impuestos y las transferencias corrientes que realiza el Estado para financiar a las comunidades, que han subido en un 2,7% —hasta los 54.391 millones— y suponen 1.419 millones más de financiación. Las ventas de servicios y las transferencias de capital de la Administración Central del Estado suponen otros 1.001 millones de ingresos adicionales. Así, tenemos que el conjunto de las comunidades ha recibido 103.041 millones, que es una cifra histórica y que difícilmente se va a repetir en 2024.
Pero, los gastos se van también hasta cifras nunca vistas. En los seis primeros meses del año hemos gastado 115.151 millones, que supone subir la cifra de gastos en 8.913 millones. Y entre estos gastos hay dos de ellos muy preocupantes: los consumos intermedios o gastos para mantener la actividad, que se han puesto ya por encima de las prestaciones sociales, y los salarios, que se incrementan un 7%, un dato que indica que ha vuelto a subir el número de empleados públicos que hay en las regiones.
