
La política de vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a quedar en entredicho. Las viviendas que el Ejecutivo socialista presenta como «asequibles» pueden llegar a consumir hasta el 56,12% de los ingresos netos de una familia, prácticamente el doble del umbral del 30% que recoge la propia Ley de Vivienda como referencia general de asequibilidad.
Según una investigación publicada por THE OBJECTIVE, algunas de las promociones gestionadas por Casa 47, la empresa pública impulsada por el Ministerio de Vivienda de Isabel Rodríguez, presentan unos gastos reales que superan ampliamente los límites utilizados para determinar si un alquiler resulta económicamente accesible.
Uno de los ejemplos más llamativos se encuentra en la urbanización Mar Azul II, situada en Les Deveses, en Denia (Alicante). Allí, una vivienda anunciada por 405 euros mensuales puede acabar suponiendo un desembolso de 757,63 euros al mes cuando se incorporan los gastos de comunidad y los suministros básicos.
La diferencia responde a los 133,33 euros mensuales de comunidad y a una estimación de 219,30 euros en suministros. Para un hogar que perciba los ingresos mínimos exigidos para acceder a esa vivienda, la factura total representaría el 56,12% de sus ingresos.
La misma investigación identifica otra vivienda de la promoción cuyo alquiler asciende a 784 euros mensuales. Una vez añadidos los suministros y la comunidad, el coste estimado alcanza los 1.230,63 euros, equivalentes al 47,09% de los ingresos mínimos contemplados para sus posibles adjudicatarios.
Estas cifras proceden de estimaciones realizadas a partir de recibos de referencia de viviendas de la zona, por lo que el desembolso concreto dependerá del consumo y las circunstancias de cada familia. A la carga económica se suma la ubicación de la promoción, situada a unos 13 kilómetros del centro de Denia, con servicios educativos y sanitarios a varios kilómetros y una frecuencia limitada de transporte público.
Las conclusiones coinciden con las advertencias del Observatorio del Alquiler, que en septiembre examinó 638 viviendas ofertadas por Casa 47. Según la entidad, ninguna de las 638 viviendas analizadas respetaría el criterio de asequibilidad para los hogares situados en el umbral mínimo de ingresos exigido, una vez incorporados los gastos básicos.
El problema radica en que las condiciones de acceso permiten destinar hasta el 30% de los ingresos únicamente a la renta mensual, sin garantizar que exista margen suficiente para afrontar después los suministros y otros gastos asociados.
Casa 47, por su parte, ha defendido que calcula los alquileres utilizando referencias estadísticas de ingresos y reservas para suministros según la eficiencia energética de los inmuebles, aunque estos precios no se adaptan individualmente a la situación económica de cada adjudicatario.
El artículo 3 de la Ley 12/2023 contempla como referencia general que el esfuerzo económico asociado a una vivienda asequible, incluidos suministros y posibles gastos de comunidad, no supere el 30% de los ingresos del hogar. Sin embargo, las cifras examinadas revelan una distancia considerable entre los objetivos proclamados por el Gobierno y el coste que determinados adjudicatarios podrían afrontar realmente.
La investigación vuelve a cuestionar la eficacia de una política de vivienda que promete aliviar el esfuerzo económico de las familias, pero permite acceder a inmuebles cuyo coste total puede absorber más de la mitad de sus ingresos.