Más de 200 millones de euros en políticas de Igualdad. No, no es el Presupuesto para el Ministerio de Ana Redondo. Es la suma de las partidas que destinarán los Gobiernos del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, Andalucía y Galicia en 2024 a las políticas de género. Las tres regiones en las que gobierna en solitario, con mayoría absoluta.
Madrid será la más ‘austera’ de las tres el próximo año. La comunidad, con una población según los últimos datos de 6.917.111 personas, tiene previsto destinar a la partida de Acción contra la violencia de género y la promoción de la Igualdad de oportunidades, exactamente 40.535.484€. En 2022, en el último Presupuesto, esta partida ascendía a 32,9 millones de euros, lo mismo que se ha destinado en este 2023. Por tanto, la partida de Igualdad del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso crece de cara al próximo ejercicio en 7,6 millones de euros, un 23,2% más, como se puede ver la página 27 del folleto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid.
Andalucía, la región que gobierna Juanma Moreno Bonilla, con una población de 8.600.224 personas, cuenta con el ya célebre Instituto Andaluz de la Mujer, institución creada por los socialistas para financiar proyectos de Igualdad —y colocar a afines— y que en 2018, de los 43 millones de euros que recibió, gastó 22 millones de euros en sueldos, dejando para la atención real a las mujeres tan sólo 1,2 millones de euros, el 2,8% de su presupuesto total. En 2024 los populares no se plantean reducir las partidas del organismo: en la página 161 (la dos del documento adjunto), del Proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía 2024, vemos claramente como la cantidad destinada a esta suerte de Ministerio de Igualdad andaluz, aumenta hasta los 45.467.005€.
El caso más llamativo es el de Galicia, comunidad con una población de tan sólo 2.699.424 habitantes. En los Presupuestos de la Comunidad que preside Alfonso Rueda para 2024, aparece un programa llamado 313B: Accións para Igualdade, Protección e Promoción da Muller —Acciones para la Igualdad, Protección y Promoción de la mujer— dotado con 16.081.692€, que aparece en Orzamentos (Presupuestos) en el apartado de Programas en la página 181. Hay más partidas no tan cuantiosas como la bautizada como Formación do profesorado non universitario en temas de Igualdade que recibe 205.000€, o Axudas para Investimentos en Conciliación en materia de Igualdade laboral que asciende a 200.000.
Pero el caso más llamativo es el del Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e do Benestar —Consorcio Gallego de Servicios de Igualdad y de Bienestar—, que va a recibir el próximo año, nada más y nada menos que 114.851.422€ según el apartado de Presupuestos correspondiente a Entidades Públicas, Empresariais e Consorcios en su página 162.
Si sumamos todas estas cantidades obtenemos un total de 217.340.603. Y esto solamente es lo presupuestado, por lo que estas partidas son susceptibles de aumentar a lo largo del año próximo. Se trata de un desembolso que cubriría con creces, por ejemplo, la Ley de VOX para atender a los enfermos de ELA, que está presupuestada en 38 millones de euros y la izquierda ha rechazado por ser «demasiado cara».
☝️ Este Gobierno no cree en la igualdad de los españoles.
— Grupo Parlamentario de VOX en el Congreso (@VOX_Congreso) December 20, 2023
👉 @MeerRocio "No cree en la sanidad pública universal. Cree en 17 sanidades diferentes".
⬇️ HILO ⬇️ pic.twitter.com/1PkqVjQJQG
La Ley de ELA no es el único ejemplo de normas que ha rechazado el Gobierno por ser muy costosas. Este miércoles la diputada Rocío de Meer recordaba también su Proposición de Ley de Modificación del real Decreto del uso racional de medicamentos y productos sanitarios relativo a las enfermedades raras y medicamentos huérfanos. Pretendía evitar el copago de las personas polimedicadas con enfermedades crónicas o raras. La Mesa del Congreso vetó incluso su debate porque el coste se cifraba entre 17 y 74 millones de euros.
El Grupo Parlamentario de VOX también presentó una Proposición de Ley para la mejora de la prestación y el cuidado de hijos enfermos. Fue vetada porque costaba 71 millones de euros.
