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el ejecutivo ha rechazado la norma «por costosa»

Dinero para todo, menos para la ley ELA: así gasta el Gobierno el presupuesto que «no tiene» para los enfermos

Miembros de la Confederación Nacional de Asociaciones de la ELA. Europa Press

El Gobierno rechazó el martes la proposición de ley de VOX para atención a enfermos de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y otras personas en situación de gran dependencia. 

La excusa que en esta ocasión ha dado el Ejecutivo para rechazar la norma es que, como recoge el artículo 134.6 de la Constitución, «toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación«. El Gobierno considera por tanto que esta ley es «costosa» y se acoge a este artículo para vetar la proposición.

No es, ni de lejos, el primer rechazo que sufre esta ley de cuya aprobación depende el bienestar de al menos 4.500 enfermos en España. El 8 de marzo de 2022 se aprobó por unanimidad en el Congreso tramitar la proposición de Ley para garantizar el derecho a una vida digna de las personas con ELA. Desde entonces la norma permanece en un cajón, en el que lleva ya más de un año y medio, mientras los plazos para presentar enmiendas se han ampliado en más de 40 ocasiones.

Fue VOX quien decidió rescatarla para que ahora el recién estrenado gobierno vuelva a rechazarla.

La ley ELA tendría un coste alrededor de los 38 millones de euros. Esa es la cantidad que Sánchez y sus socios consideran «costosa» para asumir en la actualidad. Sin embargo, tal y como también ha denunciado VOX, es muy inferior a la de otras destinadas a cuestiones bastante menos urgentes.

«Perdonan a Cataluña 15.000 millones de euros para seguir en el poder, pero vetan una ley para enfermos de ELA porque les cuesta dinero. Es un Gobierno inmoral», denunció el partido en su cuenta de Twitter.

Además de esta condonación de deuda catalana, el Ejecutivo destina cantidades muy similares o superiores a otros menesteres.

Empezando por la composición del Gobierno que, de nuevo, contará con 22 ministerios. Así, la cartera ministerial tiene asignados 69.754 millones de euros, lo que supone 13.500 millones más que el Gobierno formado por 16 ministerios anterior a la coalición con Podemos.

Además del dinero destinado a los ministros, en 2023 se han destinado 575 millones de euros para el ministerio de Igualdad, 47 millones más que en 2022. Ese incremento, que no ha servido para evitar ni un asesinato machista en el país y que sólo ha contribuido para aumentar la inseguridad de las mujeres como consecuencia de la ley del «sólo sí es sí», podría haberse destinado a la ley ELA, y hubiesen sobrado —sólo si tenemos en cuenta el incremento de un año a otro— nueve millones.

Precisamente en 2023 se elevó hasta los 220 millones la partida para cumplir el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y se subió un 33% el presupuesto del Instituto de la Mujer, hasta los 26,5 millones.

Asimismo, y como recordaba hace una semana Vozpópuli, Sánchez ha destinado 55 millones de euros a asesores, un gasto récord en comparación con los anteriores presidentes españoles y 17 millones superior a los necesarios para la ley ELA.

El periodista Borja Negrete también recuerda en este periódico que el Gobierno mantiene también 210 millones de euros para el bono cultural joven y 478 millones para un plan de turismo sostenible, cifras cinco y doce veces superiores a la presupuestada para la citada norma.

Por otro lado, Sánchez también destinó en 2023 14 millones de euros para desarrollar las acciones previstas en la Ley de Memoria Democrática, como la creación de un banco nacional de ADN de víctimas de la Guerra Civil y la retirada de símbolos franquistas. Es menos de lo requerido para la ley ELA, pero ni siquiera es un dinero destinado al ámbito sanitario.

Y, por su parte, el ministro de Migraciones, Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, también ha anunciado una subvención de 50 millones de euros para la atención y acogida de menas llegados a las Islas Canarias. Doce millones más que los necesarios para la ley ELA.

La agenda climática también tiene mayor importancia para el Gobierno. El presupuesto de la Secretaría de Estado para la Agenda 2030 ha aumentado en 2023 un 6,4 por ciento, hasta alcanzar 22,9 millones de euros.

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