España cerró el mes de octubre con una recaudación tributaria en cifras inéditas, un máximo que el Gobierno atribuye al avance macroeconómico, al repunte del consumo privado y, sobre todo, a una presión fiscal que continúa creciendo sin pausa. Este récord ha permitido reducir el déficit público —excluyendo a las corporaciones locales— hasta los 22.582 millones de euros, un 17% menos que en el mismo periodo de 2024. La mejora, sin embargo, procede exclusivamente del aumento de los ingresos no financieros, no de un ajuste real del gasto, que se mantiene elevado. Todo ello ocurre mientras los costes laborales encadenan un incremento del 28% en diez años, una presión añadida que ahoga a autónomos y pymes.

La recaudación del Estado ha escalado sin interrupción desde que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asumió el cargo. En 2019, su primer ejercicio completo, los ingresos tributarios se situaron en 212.808 millones de euros, apenas un 2% más que en 2018. Cinco años después, en 2024, el dato ya había saltado hasta 294.734 millones, un 8,4% más que el año previo y muy lejos de cualquier registro anterior. Este fuerte avance se explica por el incremento simultáneo del IRPF, el IVA y el Impuesto sobre Sociedades, por la creación de nuevas figuras fiscales, por el crecimiento de las bases imponibles, por el mejor rendimiento de los beneficios empresariales y por sucesivas modificaciones normativas que han elevado la presión fiscal y han impactado de lleno en el resultado final.

El ejercicio 2025 se encamina hacia otro récord tributario. Hasta octubre, la recaudación total se situó en 260.206 millones, un 8,6% más que en el mismo tramo de 2024. De esa cifra, 217.206 millones procedieron directamente de impuestos, lo que representa casi el 83% del total de los recursos y supone un avance cercano al 10%. En sólo diez meses, Hacienda ya ha obtenido 47.400 millones más que en todo 2019. En conjunto, las arcas públicas acumulan 82.000 millones adicionales respecto a hace seis años, una distancia que podría ampliarse cuando finalice el ejercicio actual.

Los grandes impuestos muestran subidas generalizadas. El IRPF alcanzó los 51.045 millones, con un aumento del 17,3%, acompañado por un fuerte avance del Impuesto sobre la Renta de No Residentes, que sumó 4.210 millones, un 30,6% más que el año anterior. El Impuesto sobre Sociedades llegó a 46.007 millones, un 6,6% más. La recaudación procedente de la producción y las importaciones ascendió a 113.873 millones, impulsada por un IVA que subió hasta 86.515 millones, un 9,6% más. Los impuestos especiales también crecieron, con un incremento del 5,3% en las Labores del tabaco —hasta 5.869 millones— y del 1,6% en hidrocarburos —hasta 10.470 millones—. Los impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio sumaron 103.194 millones, un 12% más. Los impuestos sobre el capital alcanzaron 139 millones, mientras que las cotizaciones sociales se situaron en 5.407 millones. Las rentas de la propiedad descendieron hasta 6.505 millones, con una caída del 8% en los intereses, que representaron 5.962 millones, y con 543 millones en dividendos y otras rentas. La venta de bienes y servicios aportó 1.615 millones, y el resto de recursos —incluyendo ayudas a la inversión y cooperación internacional— ascendió a 10.734 millones.

A la vez que los ingresos marcan máximos, el Ejecutivo ha decidido aumentar el gasto. Las subvenciones han crecido más de un 20% respecto al año anterior, a pesar de que no se han aprobado nuevos Presupuestos Generales en los dos últimos ejercicios. Este incremento apunta a una concesión discrecional de fondos por parte del Gobierno. En los nueve primeros meses del año, los gastos del Estado avanzaron un 6% impulsados por el aumento de las inversiones —un 30,8% más, incluidas las ayudas por la Dana—, por el crecimiento de las subvenciones, por el encarecimiento de los intereses de la deuda, que subieron un 8,7%, y por la mayor remuneración de asalariados, que aumentó un 5,1%.

La conclusión resulta evidente: aunque España registra los mayores ingresos tributarios de su historia, el Gobierno continúa expandiendo el gasto público, lo que impide transformar este récord recaudatorio en superávit o en una reducción estructural del agujero fiscal. El Estado ingresa más que nunca, pero también gasta más que nunca.