El tiempo corre y el Gobierno de Pedro Sánchez mantiene en riesgo 68.000 millones de euros de los fondos Next Generation. A once meses de que finalice el plazo, España apenas ha solicitado 16.000 millones en concepto de préstamos, el 19% de los 84.000 millones asignados. La mayor parte sigue sin pedirse y, según las fuentes consultadas, el Ejecutivo parece resignado a dejar pasar la oportunidad.
En contraste, la prioridad del Ministerio de Economía se centra en cerrar una adenda al plan de recuperación que permita acceder a los últimos 24.000 millones de transferencias a fondo perdido. De lograrse, el país sumaría 79.800 millones en este concepto, mientras la partida de préstamos quedaría en el aire.
La foto de julio de 2020, con Sánchez recibido entre aplausos en La Moncloa tras pactar en Bruselas un fondo histórico de 163.000 millones para España, contrasta con la gestión posterior. Cuatro años después, la realidad es que nuestro país ha solicitado solo el 43,4% del total de fondos adjudicados, muy por debajo de la media europea y lejos de Francia (84%) o de Italia y Alemania, que superan el 60%.
La situación preocupa en Bruselas. La Comisión Europea instó el pasado junio a los Estados miembros a acelerar sus planes y solicitudes de pago final antes del cierre del plazo en agosto de 2026. Para alcanzar el 100% de los fondos, España debería ejecutar más de 120.000 millones en un solo año, cuando en cuatro apenas ha desembolsado 43.208 millones.
El Tribunal de Cuentas Europeo ya señaló deficiencias graves en la gestión española: retrasos, bajo ritmo de inversiones, incumplimiento de plazos, ausencia de coordinación con comunidades y ayuntamientos y falta de transparencia sobre los destinatarios finales. Críticas similares ha lanzado el Partido Popular Europeo, que reclama una acción coordinada en lugar del retraso y el centralismo del Ejecutivo.
Italia marca el contraste. La primera ministra, Giorgia Meloni, anunció la semana pasada una nueva modificación del plan de su país y celebró en X que Italia es «el país más avanzado de Europa» en ejecución, con cientos de objetivos cumplidos, miles de millones transferidos y más de 429.000 proyectos en marcha. La diferencia, señalan en Bruselas, está en que Roma implicó desde el inicio a entidades financieras y gobiernos regionales y locales.
En España, sin embargo, los retrasos se acumulan. La cuarta solicitud de pago llegó con seis meses de demora y fue aprobada un año más tarde por incumplimientos; la quinta siguió el mismo camino, con tres hitos incumplidos que dejaron 1.100 millones congelados. La sexta petición acumula ya diez meses de retraso y la séptima, tres. A este ritmo, la octava solicitud, prevista para diciembre de 2025, se antoja casi imposible.
A ello se suma la opacidad. El Gobierno no publica datos de ejecución final desde agosto de 2021. Solo informa de pagos realizados: a 31 de julio de 2025, 43.208 millones, un 26,3% del total asignado. Y la tendencia es a la baja: en 2021 se pagó el 45,5% de lo presupuestado; en 2025, apenas un 10,6% hasta el verano.
Mientras tanto, el Ejecutivo prepara una nueva adenda para noviembre, que busca simplificar hitos y objetivos con el único fin de asegurar los últimos 20.000 millones de transferencias. Pero renuncia, al menos de momento, a los 68.000 millones en préstamos. Y el calendario europeo no se detiene.
