A partir de este viernes, el Ministerio de Trabajo impondrá a todos los ciudadanos que tengan contratada a una trabajadora del hogar la obligación de realizar una evaluación de riesgos laborales dentro de su vivienda. La medida, impulsada por el departamento que dirige la vicepresidenta Yolanda Díaz, afecta a cualquier hogar donde se desempeñen tareas domésticas o de cuidados.
Para cumplir con esta nueva imposición, Trabajo lanzó en mayo la herramienta Prevención para el Empleo en el Hogar, integrada en la plataforma Prevención 10. Según fuentes del propio Ministerio citadas por Libre Mercado, los particulares deberían haber completado este trámite para evitar las sanciones previstas en la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social. Las multas parten desde 2.451 euros y pueden alcanzar entre 24.000 y 49.000 euros cuando concurren agravantes.
La vigilancia del Gobierno abarca todas las labores que se pueden realizar en un domicilio: limpieza, cocina, conducción, cuidado de mascotas, jardinería o atención a personas dependientes. Para ello, el responsable del hogar —o incluso la propia trabajadora designada— deberá rellenar un extenso cuestionario elaborado por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Este formulario examina lo que Trabajo denomina «fuentes del daño», un listado de riesgos potenciales que, en la práctica, permite al Ministerio fiscalizar cómo vive cada familia. Entre las preguntas, todas clasificadas como de «prioridad media», destacan algunas que rozan lo grotesco: si los electrodomésticos cuentan con marcado CE, si el personal sabe manipular objetos calientes, si se conserva cada producto en su envase original, si se evita desplazar cubos de agua cargados o si la empleada dispone de un teléfono para emergencias. Incluso se pregunta si el hogar permite que la trabajadora participe en las decisiones que afecten a su actividad, detalla Libre Mercado.
El intervencionismo del Gobierno vuelve a chocar con la realidad. Bajo el pretexto de proteger al sector, estas medidas terminan generando el efecto contrario. Los datos son claros: octubre cerró con 341.428 afiliados al régimen de empleados del hogar, lo que supone 15.369 menos que un año antes (un 4,31% de caída) y cerca de 56.000 menos que en octubre de 2019, el primer año completo del Ejecutivo de Sánchez.
