El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) destinó este año 4.019.965,85 euros al envío de las cartas que comunican a los pensionistas la revalorización de sus prestaciones correspondiente a 2026. La cifra supone un incremento de casi el 27% respecto a 2024, cuando la misma campaña costó 3.171.683,52 euros, según documentos oficiales obtenidos por Libre Mercado a través de una solicitud de información pública al amparo de la Ley de Transparencia.
La documentación, firmada por la directora general del INSS, Carmen Armesto González-Rosón, refleja que el organismo remitió 11.152.999 notificaciones entre el 14 de enero y el 2 de febrero de este año para informar a los jubilados del importe actualizado de sus pensiones.
El mayor desembolso correspondió al servicio postal, que ascendió a 3.512.696,13 euros. Las tarifas aplicadas fueron de 0,26 euros por carta dentro del ámbito nacional, 0,31 euros para envíos interurbanos, 1,35 euros para Europa y 1,39 euros para el resto de países.
A ello se sumaron 236.298,48 euros en papel, 182.661,60 euros en sobres, 27.252,23 euros en tintas, 59.243,62 euros por el servicio de impresión y 1.813,79 euros por la recogida y tratamiento de la correspondencia. El coste medio por cada carta enviada se situó en 0,36 euros.
En comparación, la campaña de 2024 supuso el envío de 10.679.086 comunicaciones, con un coste total de 3.171.683,52 euros, repartidos entre 428.230,28 euros para materiales e impresión y 2.743.453,24 euros para los servicios postales. En dos años, el gasto ha aumentado un 26,7%, pese a que el número de cartas remitidas ha crecido en una proporción mucho menor.
La normativa obliga al INSS a comunicar individualmente la revalorización de las pensiones. La Resolución de 17 de enero de 1996 establece que estas notificaciones deben incluir, entre otros datos, la cuantía anterior de la prestación, el porcentaje de incremento aplicado, el nuevo importe que percibirá el pensionista y las retenciones correspondientes.
El organismo justifica el mantenimiento del formato en papel porque los pensionistas no están obligados a relacionarse electrónicamente con la Administración. Según explica el propio INSS, este colectivo puede elegir el canal de comunicación y, salvo que haya solicitado expresamente recibir las notificaciones por vía telemática, la Administración debe remitir la resolución en formato físico.
La revalorización anual de las pensiones también tiene efectos fiscales. Al tratarse de rendimientos del trabajo, el incremento de la prestación puede modificar las retenciones del IRPF aplicables a cada pensionista en función de su renta y de sus circunstancias personales, por lo que parte de la subida acaba retornando a las arcas públicas mediante el pago de impuestos.
Este incremento del coste administrativo coincide con un nuevo récord del gasto en pensiones. En junio de 2026, la nómina mensual de las pensiones contributivas superó los 14.397 millones de euros, de los que 10.558 millones correspondieron a prestaciones de jubilación.
Las previsiones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) apuntan además a que el gasto contributivo crecerá un 5,9% adicional durante 2026, hasta rondar los 193.300 millones de euros. Si se suman las pensiones no contributivas, el desembolso total superará por primera vez los 200.000 millones de euros anuales.
