La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, está impulsando reformas legislativas significativas para el 2024 centradas en encarecer el despido y hacer que no resulte rentables para las empresas acometerlo. Con el objetivo de encarecer las rescisiones de los contratos y limitar las causas objetivas de despido, Díaz planea modificar el Estatuto de los Trabajadores.
Entre las iniciativas previstas está introducir un mecanismo para que la indemnización por despido improcedente tenga en cuenta las circunstancias personales del trabajador, afectando especialmente a aquellos con mayores dificultades para reinsertarse en el mercado laboral, como los mayores o personas con carreras profesionales específicas. Estas reformas buscan alinearse con la Carta Social Europea y reforzar la causalidad en la extinción de contratos.
Según ha adelantado THE OBJECTIVE, la reforma también abordará los despidos por causas objetivas, que en marzo alcanzaron los 32.608. Díaz pretende delimitar las causas que permiten este tipo de despido, para evitar su uso indiscriminado y dotar de mayor protección a los trabajadores.
Además, se impulsarán modificaciones en los procedimientos de modificación de condiciones laborales y descuelgue, priorizando la negociación con organizaciones sindicales y garantizando el carácter reversible de las medidas adoptadas.
Dentro del Plan Anual Normativo 2024, se incluye la reciente aprobación de la reforma del artículo 49.1 del Estatuto de los Trabajadores, que elimina el despido automático por incapacidad sobrevenida. También se planean otras ocho leyes y diez reales decretos, destacando la reducción progresiva de la jornada laboral máxima legal a 37 horas y media semanales para 2025, y el refuerzo de los instrumentos de registro horario con nuevas tecnologías para asegurar el cumplimiento.
El Ministerio de Trabajo también promoverá una ‘ley de democracia’ en la empresa, permitiendo a los trabajadores formar parte de los órganos de decisión corporativos, y reforzará la economía social y la ley de cooperativas.
Tras la reforma laboral de 2022, que buscó reducir la temporalidad y creó la figura del fijo discontinuo, los empresarios han recurrido a despidos disciplinarios, que suelen resolverse antes del juicio en actos de conciliación con la indemnización máxima prevista. Con las nuevas reformas, se pretende corregir estas prácticas y establecer mayores garantías para los trabajadores frente a la rescisión de contratos.
En marzo se registraron 81.135 despidos por diferentes causas, afectando mayoritariamente a contratos indefinidos. De estos, un 42% fueron por causas objetivas, un 52% disciplinarios y solo el 0,15% procedentes. Díaz busca así «proteger mejor» a los trabajadores y ajustar las normativas a las necesidades actuales del mercado laboral.
