Millones de españoles volvieron a quedar cautivos del PSOE de Pedro Sánchez y de sus socios tras las elecciones del pasado 23 de julio. De nuevo la siniestra ley electoral que permite que las mayorías vivan secuestradas y expoliadas por las minorías separatistas chantajistas y la izquierda cómplice. La angustia de muchos ciudadanos de bien no ha hecho más que incrementarse desde entonces. No sólo al ser conscientes de que no se produciría un cambio de Gobierno en el corto plazo, sino más bien al descubrir, entre atónitos y horrorizados, que las cesiones de Sánchez incluirán de cara a la nueva legislatura, una amnistía para todos aquellos que más daño han hecho a nuestro país en los últimos años.
El Partido Popular, principal responsable de que el centro-derecha no pueda gobernar pese a haber ganado unas elecciones en las que nada parecía indicar que no se obtuviera una mayoría más que absoluta, podría haber aprendido algo estos meses de verano: que pegar patadas constantes a su único socio posible y tratar de contentar a los que más allá de no votarles nunca, además los odian a muerte, nunca será efectivo. Lejos de eso, Alberto Núñez Feijóo y sus acólitos insisten en perpetuarse en su error. Pactan gobiernos autonómicos con VOX poniendo cara de descontento, mientras mendigan reuniones a Junts o el PNV. No les sirve ni que los suyos les adviertan de sus fallos. Las palabras del exministro Jaime Mayor Oreja avisando de que no se deben producir contactos con ninguna de estas formaciones se las llevará el viento.
Alberto Núñez Feijóo se presentará la próxima semana a un debate de investidura en el Congreso de los Diputados, y previsiblemente lo perderá. Ese debate perdido, podría sin embargo haber servido para mostrar unidad con VOX y la existencia de una alternativa real a Sánchez. Los populares, sin embargo, han preferido seguir perpetuándose en la actitud perdedora que los mantendrá de momento en la oposición. Tras mostrar el partido de Santiago Abascal su buena disposición a movilizar junto a ellos a la sociedad civil este domingo, altos cargos del Partido Popular prefirieron aparecer en público para decirles a sus socios y a los votantes que ellos no convocan ninguna manifestación contra la amnistía sino un acto de partido. Que además lo hagan coincidiendo en horario y lugar con un partido de baloncesto que se prevé multitudinario ya ni siquiera genera indignación, sólo risa.
Muchas personas que habrían ocurrido a un llamamiento del PP y VOX ya no lo harán al sentirse expresamente excluidos. El intento de adueñarse de manera partidista de la angustia y preocupación de tanta gente verdaderamente preocupada por el orden constitucional que podría quebrarse, recuerda a las palabras del exvicepresidente Pablo Iglesias, quien no hace muchos años pedía «politizar el dolor».
Lejos de dar marcha atrás y buscar una fórmula que permitiera reunir bajo una misma bandera, la española, a todos los constitucionalistas, los populares han preferido limitarse a llamar una vez más a los «socialistas buenos» que jamás terminan de aparecer. Su preocupación no es unir a todos los que defienden el Estado de Derecho, sino repartir los tiempos de su mitin —tres minutos para José Luis Martínez Almeida e Isabel Díaz Ayuso, diez para José María Aznar y Mariano Rajoy, quince para Alberto Núñez Feijóo— y que se note, como en los discursos de agradecimiento de los premios Oscar, quién es el actor principal y quiénes son los secundarios. El PP no aprende y probablemente nunca aprenderá. Y Sánchez estará siempre listo para aprovecharlo.
