Desde 1978, el Estado o lo que es lo mismo, el conjunto de poderes y órganos de gobierno de la nación española, ha despreciado la importancia de nuestra lengua común como herramienta imprescindible para la supervivencia de la nación.
Esto es un hecho, y no una opinión.
Un hecho contrastado en la permisividad con la que el bipartidismo que nos ha gobernado hasta la fecha ha aceptado que las minorías separatistas arrinconasen al español mientras estimulaban las lenguas regionales. Esta operación, insistimos, bendecida por el Partido Popular y el PSOE, ha buscado, no sin éxito, crear a través del fomento de ciertas lenguas exclusivas una legitimidad para la construcción artificial de una identidad nacional en esas regiones.
De todos los partidos nacionales que hay, e incluso entre los ya extintos, también es un hecho que Vox es el que más y mejor ha reflexionado sobre las causas bastardas y las lamentables consecuencias del proceso de rendición de nuestra lengua común. Esa reflexión profunda de la formación que lidera Santiago Abascal es la que ha conducido a que la defensa del español como valor superior e intangible y lengua de derechos de los españoles sea uno de los pilares maestros de la arquitectura del pensamiento político de Vox.
Desde el nacimiento de este movimiento patriótico con forma de partido, jamás como ayer, con la publicación del acuerdo de gobernabilidad con el Partido Popular en las Islas Baleares, habíamos podido constatar la importancia capital que Vox da a la libertad de elección de la lengua, tanto en la educación como en la relación de los gobernados con las administraciones.
En un ejercicio de formidable responsabilidad, Vox permitirá con su abstención que el Partido Popular —en minoría, pero con una fuerza superior a la de todos los partidos de la izquierda pancatalanista—, gobierne en Baleares. A cambio, el Partido Popular queda obligado a incorporar a su acción de gobierno una parte sustancial del ideario de Vox nacido del compromiso inalterable con sus votantes.
De los 110 puntos del acuerdo —reducción de impuestos, impulso a la actividad empresarial y al emprendimiento, promoción del turismo, simplificación de la administración, eficiencia en el gasto público y un largo etcétera de medidas llenas de sentido común con el único objetivo de mejorar la vida de todos aquellos que residan en la región insular—, el apartado sobre Educación y Lengua es, sin duda alguna, la mayor operación política y social en defensa de la libertad de elección de lengua en todas las etapas educativas, y por ende, en defensa del español, que hemos vivido desde el comienzo de la etapa constitucional.
Este ejercicio de generosidad y responsabilidad de Vox que ha renunciado a los cargos que le pudieran corresponder a cambio de que la libertad lingüística, la sensatez y la defensa de la unidad de España vuelvan a unas pancatalanizadas Baleares, merece que el Partido Popular cumpla el pacto firmado en toda su extensión y profundidad.
La formación de Santiago Abascal vigilará el cumplimiento, y no nos cabe duda de que a este Vox pleno de madurez y de experiencia no le temblará el pulso para que así sea. Por el bien de todos los baleares y de los demás españoles.
