Hoy parece muy lejano, pero hubo un tiempo de esperanza en el que la Unión Europea entendió que había que hacer todos los esfuerzos imaginables para acabar con el régimen bolivariano que ha transformado a Venezuela en una dictadura narcochavista, criminal y corrupta. A lo mejor no todos los esfuerzos imaginables, pero sí, al menos, unos cuantos. Quizá unos pocos, pero selectos. En realidad, apenas dos: el embargo de armas destinadas a la represión de la disidencia (que el régimen de Maduro obtiene con comodidad de otros países como China, Rusia e Irán), y la prohibición de pisar suelo europeo a 55 funcionarios venezolanos, entre los que está la vicepresidente Delcy Rodríguez, que no tuvo mayores problemas en hacer escala en Madrid y trasvasar maletas con permiso del sanchismo.
Esas sanciones, y un limitado apoyo al ex presidente interino Juan Guaidó y a las organizaciones supranacionales americanas que todavía, aunque con enormes dificultades, velan por la democracia en la región, han constituido en los últimos años, desde la farsa electoral de Maduro en 2018, el núcleo de la acción exterior de la Unión Europea para tratar de restaurar el régimen de libertades perdido en Venezuela y que ha provocado el mayor exilio conocido en la historia de la Iberosfera.
Medidas insuficientes con propensión a muy deficientes, pero que al menos trasladaban a la opinión pública europea, y a los venezolanos reprimidos por la acción del Gobierno narcochavista, una pequeña esperanza en que todavía quedaba algo de decencia en Bruselas.
Por desgracia, nos tememos que la esperanza se agotará en las próximas semanas. Las informaciones que nos llegan estos días aseguran que el alto representante para Asuntos Exteriores de la Unión, el español Josep Borrell, planea revisar y flexibilizar en breve estas mínimas sanciones. Y lo hará, para nuestra vergüenza, desde la idea de que el triunfo de dos amigos y socios de Nicolás Maduro, uno en Brasil, el corrupto Lula da Silva, y otro en Colombia, el ex asesor chavista y terrorista Gustavo Petro, ha aliviado la situación de aislamiento de Venezuela en la región.
Por supuesto, la idea es cierta. Lula y Petro, al igual que otros gobiernos dirigidos por esa Internacional de la miseria izquierdista iberoamericana como es el Foro de Sao Paulo —y que ha diseñado el escenario de violencia comunista que hoy padece Perú tras el golpe frustrado de Pedro Castillo—, han dado oxígeno al narcochavismo, igual que lo ha dado la pasividad de la Administración Biden.
Pero que las circunstancias hayan cambiado a peor, que Guaidó haya sucumbido por su propia ineptitud y que la esperanza del regreso de las libertades democráticas a Venezuela se haya empequeñecido por ciertos y sospechosos triunfos electorales del socialismo en la región, no puede significar que la Unión Europea, la misma que persigue con obstinada injusticia a naciones soberanas, europeas y democráticas como Hungría o Polonia, se rinda ante el avance de la izquierda liberticida en Iberoamérica y levante las mínimas sanciones al régimen de Maduro. Esas minúsculas sanciones que todavía nos hacían creer que la salvaguarda de la democracia, la promoción de la libertad y la condena de los regímenes tiránicos eran, salvo soborno (véase Catar), un inquebrantable mandato ético e histórico para Bruselas.
