Tras año y media de pandemia y de restricciones al ocio, algunas, efectivas, otras, apenas bienintencionadas, y otras más, ridículas, no hay duda alguna de que la mayoría de los jóvenes de toda España ha demostrado una responsabilidad a la altura de la gravedad de los tiempos y muy superior a la de nuestros gobernantes. Con disciplina, los jóvenes han aguantado confinamientos ilegales y estados de alarma inconstitucionales que han perjudicado sus niveles académicos y sus relaciones sociales. Soportaron que se les estigmatizara como los grandes contagiadores con vergonzosos anuncios pagados con dinero público («me fui de fiesta y contagié a mi abuela el covid, hoy la enterramos»). También han compartido el desplome del mercado de trabajo que pone en riesgo su futuro laboral e incluso una mayoría de ellos ha acudido en libertad a la llamada de la vacunación a despecho de los inciertos efectos secundarios perniciosos que un medicamento experimental puede tener a medio y largo plazo. Que ojalá sea ninguno y en esa confianza nos refugiamos todos los que hemos aceptado vacunarnos.
Y, sin embargo, después de que la inmensa mayoría de la juventud española haya demostrado paciencia, abnegación, precaución y espíritu de sacrificio sin una protesta durante año y medio, vuelve a ser señalada por las administraciones y sus medios subvencionados por las concentraciones conocidas como «macrobotellones» en las que participa una minoría de esa misma juventud.
Pero ni siquiera a esa minoría se la debe condenar sin escuchar sus alegatos. La mínima equidad debe obligar a las administraciones a entender cuál es su responsabilidad en estas concentraciones, cuáles son las alternativas que ofrecen al ocio de los jóvenes y por qué tantos, aunque sea otra vez una minoría, decide enfrentarse a la autoridad.
En cuanto a este último punto, sin duda durante las últimas décadas los poderes públicos han ido menoscabando la percepción que la juventud tiene de la autoridad, empezando por las dos esenciales: la autoridad de los padres en los hogares y la de los profesores en las aulas. Eliminando la posibilidad de la proporcionada corrección paterna, eliminando tarimas y barreras —algunas de importancia capital a la hora de la formación de una persona—, y eliminando el rigor académico, los resultados a medio plazo (y ya estamos en el medio plazo), son los que hemos podido ver este fin de semana cuando la más mínima intervención policial provoca el enfrentamiento con las fuerzas del orden.
Si estas concentraciones vulneran la paz social, si es verdad que los botellones suponen un problema de salud pública, las autoridades municipales, con el auxilio de las administraciones autonómica y central, están obligadas a prevenir el suceso, no a reprimirlo con los efectos indeseables y observables de cara a la confianza de los ciudadanos y a la imagen de España en el mundo. Que en la caótica y devaluada Barcelona de Ada Colau no vaya a haber la inteligencia y la empatía necesarias para prevenir y ofrecer alternativas de ocio en tiempos de vigilancia sobre el covid, no nos cabe duda. Que no las haya en el Madrid de Almeida, es mucho más preocupante.
