Quizá, y sin quizá, el único debate que no se nos ha negado a los españoles es el que tiene que ver con las causas y las consecuencias de la Guerra Civil. Gracias a la libertad de cátedra y a la libertad de expresión que tanto vamos a echar de menos, hemos disfrutado de una ingente producción editorial en la que investigadores, historiadores, sociólogos, economistas, novelistas y hasta los propios protagonistas de la Historia —desde Azaña a Casares Quiroga, pasando por el general Rojo o Serrano Súñer— han contado los pormenores de la contienda, y no sólo de ella, sino de sus antecedentes históricos, es decir, de las múltiples causas históricas por las que los españoles llegaron —de nuevo— hasta el extremo de matarse los unos a los otros.
A la muerte del general Franco, que murió perdonando y pidiendo perdón, la inmensa mayoría de los españoles se sumó con entusiasmo a la idea de cerrar heridas de una guerra que para entonces ya quedaba lejana. Desde el histórico sindicalista de izquierdas Marcelino Camacho hasta el secretario general del Movimiento y luego presidente Adolfo Suárez, las tribunas públicas se llenaron de promesas de reencuentro político y también de reconocimiento de la responsabilidad de unos y otros. De todos. No sólo de unos. Sin maniqueísmos ni presentismos absurdos.
El paso sin ruptura de las leyes del régimen franquista a las de la monarquía constitucional, que por eso se llama Transición, fue un derroche de generosidad de unos, sobre todo de unos, pero también de los otros. Sanadas así las heridas con una Constitución de concordia nacional aprobada por el 90 por ciento de los españoles, por los que lucharon en las trincheras, por sus hijos y también por los hijos de los que cayeron en uno u otro bando, quedaban curadas las heridas ya cicatrizadas por el paso del tiempo y por el convencimiento exacto de que el pasado tiene razones que el presente no puede juzgar, sino estudiar.
Pero entonces llegó Zapatero y apelando al fantasma de su abuelo republicano fusilado (en concreto un militar aficionado a las purgas de compañeros de armas desafectos a la Segunda República) lo mandó todo, el esfuerzo, la generosidad, el perdón invocado tanto por Suárez como por Carrillo, a una incineradora en forma de ley absurda de Memoria Histórica que comenzaba la desconstrucción de una parte importante de la identidad española. Aquella ley perseguía el objetivo de ganar con efectos retroactivos una guerra apasionada del siglo pasado sobre la que tanto habíamos debatido y sobre la que tanto habíamos aprendido. O parecía que lo habíamos hecho.
Aquella ley revanchista que perseguía la damnatio memoriae no de Franco, sino de millones de españoles que se rebelaron contra un Gobierno frentepopulista, que triunfaron y que, luego, se dedicaron a levantar a España de sus cenizas horrorizadas con la ayuda de los perdedores, reabrió las heridas sanadas y causó nuevos desgarros, agravados por el incumplimiento del Partido Popular de derogar aquella ley insana en cuanto llegara al poder. Llegó, al fin, y no hubo nada, salvo un acomplejado vaciamiento presupuestario que sólo envalentonó a la izquierda.
Demostrada la incompetencia del centro a la derecha a la hora de frenar una ley de desmemoria tan peligrosa para la convivencia, el socialismo de Pedro Sánchez, profanador de tumbas, ha visto la ocasión perfecta para ir un paso más allá. Sin oposición política real por el eterno complejo de los populares, sin oposición periodística, apenas con unos pocos disidentes que fueron expulsados de los medios de comunicación que controla el poder o condenados al silencio universitario, el sanchismo frankensteiniano parió la Ley de Memoria Democrática hoy aprobada por el Consejo de Ministros.
Su articulado, incluido su cínico pero casi infantil preámbulo, no deja dudas sobre lo que busca esta pandemia socialcomunista que nos gobierna con la aprobación de la ley. Lo que quiere es la imposición coercitiva de un relato maniqueo que, por encima de toda otra consideración, busque la destrucción de la legitimidad de la Corona señalándola como heredera del franquismo. Deslegitimando a la Monarquía se deslegitima a la Transición. Todo eso, por supuesto, usando al Estado y el dinero de nuestros impuestos como herramienta de propaganda ideológica al servicio exclusivo de la democracia que, como todo el mundo sabe bajo apercibimiento de multa o ilegalización, es patrimonio de la izquierda.
La ley va a tratar (por la fuerza) de deslegitimar a España. No a media España, sino a la España de la concordia nacida de la generosidad, de nuevo, de unos y de otros. Y lo hará ilegalizando esa generosidad, sin pararse en barras, sin respetar acuerdos y pactos históricos, derribando cuantos símbolos (cruces, coronas, banderas) hagan falta y removiendo los huesos de los muertos.
Si tenemos que fiarnos de lo que la Historia de España nos ha enseñado, poco o nada se hará para detener este desastre, como poco o nada se ha hecho para evitar otras leyes ideológicas de desconstrucción nacional. Pero la Historia, también es cierto, no contaba con la presencia de VOX, que recurrirá a todas las instancias y movilizará todos los recursos para defender no sólo los derechos y las libertades de los españoles, incluida la libertad de cátedra, de pensamiento y de expresión, sino también el rigor histórico. El rigor, antídoto contra la memoria que siempre es traicionera, que será lo único que nos salve de ser condenados a repetir la Historia.
Apelando a ese rigor histórico, en La Gaceta de la Iberosfera les sugerimos con entusiasmo que lean el informe preparado por la Fundación Disenso sobre la «Ley de Memoria Democrática: una amenaza contra la libertad». Todas las claves están ahí.
