El pasado 22 de noviembre, grupos izquierdistas asaltaron e incendiaron el Congreso de Guatemala de mayoría derechista. No hubo entonces reacciones escandalizadas de los gobiernos progresistas del mundo. No hubo trinos indignados reclamando respeto a la democracia ni se acusó a los asaltantes de golpistas. Los medios subvencionados pasaron de puntillas por el asunto y las voces pagadas por la nueva y destructiva internacional socialista reunida en torno al Grupo de Puebla exigió a un Gobierno electo por amplia mayoría como el guatemalteco que escuchara la voz del pueblo.
Ayer, 6 de enero, una turba de indignados trumpistas —entre los que ya se han detectado infiltrados antifa— asaltó de manera increíble el Capitolio en Washington. Las reacciones que le sucedieron a unos hechos objetivamente irresponsables, inútiles y dramáticos para aclarar el más que evidente desastre para la confianza de los electores —de los que van a ser gobernados— por lo que ocurrió en aquella noche electoral del 3 de noviembre, son otra constatación de que a la izquierda no le importa el qué, sino el quién.
El qué es la violencia. Una violencia que cuando es la izquierda la que la jalea, promueve y ampara desde el poder, «es la manifestación de la voluntad de un pueblo en defensa de sus derechos». El 99 por ciento de los actos violentos políticos ocurridos durante el año pasado en toda la Iberosfera (Perú, Chile, Bolivia, Guatemala, Estados Unidos…) son responsabilidad de esa izquierda amoral que cuenta con la complicidad de los medios de comunicación subvencionados que disculpan a los violentos como actores necesarios que buscan corregir —incluso disculpando la posibilidad de que haya una sobrecorrección— inventados y disparatados sistemas de opresión como el racismo o el heteropatriarcado.
Ayer, Estados Unidos estaba ante su última oportunidad de aclarar por la vía legal la multitud de sospechas de fraude electoral que se acumula sin que la Corte Suprema haya tenido el coraje de ordenar una investigación federal. Durante los próximos cuatro años, el presidente Joe Biden gobernará a media nación (70 por ciento de votantes republicanos y 30 por ciento de demócratas según las encuestas) que considera que la elección ha sido fraudulenta. El descrédito de las instituciones y, sobre todo, la percepción de que se ha roto la cadena de custodia de la voluntad de los electores, son cargas terribles para la primera democracia del mundo, la que un día fue la tierra de los hombres libres y que hoy vive ya encadenada a políticas identitarias izquierdistas y la violencia que generan. De esa violencia, los lodos de ayer. Y los que vendrán.
