Hay 443.078 trabajadores fijos discontinuos inactivos que para la estadística oficial del Gobierno socialcomunista no cuentan como parados. Pero que lo son. La deuda pública ha aumentado sólo en un mes 30.000 millones de euros, cerca de 80.000 millones en un año. Nuestro PIB sigue sin alcanzar el nivel prepandémico, el déficit es galopante, la inflación nos argentiniza, los impuestos crecen y la recuperación es anémica. Esperamos un duro correctivo de los hombres de negro bruselenses por la incompetente gestión del reparto de los Fondos Europeos. Estamos bajo triple sospecha de las agencias de calificación —ojo a la prima de riesgo—, y hemos perdido sin remedio 70.000 empresas por la pandemia de confinamiento, miedo e inseguridad jurídica, incluida la fuga de una de nuestras grandes compañías líder en infraestructuras. Una marcha difícil de comprender a menos de nueve meses, como máximo, ojalá menos, de unas nuevas elecciones generales.
Mientras tanto, una parte del Gobierno llama «fascista» a la otra parte al tiempo que las dos partes tratan de ganarse el favor, no de los empresarios a los que insultan cada día, sino el de los enemigos declarados de la nación histórica, los golpistas y los filoetarras, para resistir lo que queda de legislatura con el apoyo de determinados medios serviles que cada día realizan alucinantes acrobacias mentales en sus editoriales y en sus informaciones para salvar la cara del Gobierno. Que es lo mismo que salvar su propia cuenta de resultados y los bonus de los directivos de sus empresas quebradas de comunicación.
Todo lo primero, el desastre económico y empresarial, no se puede entender sin lo segundo, el desastre político. La causa, un Gobierno de incompetentes buenos sólo para asaltar y colonizar instituciones, rebajar penas a criminales y victimizar a las mujeres que ni lo son ni quieren serlo, obliga al efecto.
A estas alturas, y salvo Pedro Sánchez, Irene Montero y su hueste —joder, qué tropa— del Ministerio de Igualdad, la mayoría de los españoles informados sabe que la coalición de Gobierno está rota. La legislatura debe acabar de inmediato y convocar a los españoles a las urnas. De no hacerlo así en una inminente moción de censura que ante los últimos acontecimientos ha pasado de necesaria a indispensable, los partidos negacionistas o abstencionistas prolongarán de manera artificial la vida de un Ejecutivo que, en sus últimos estertores, tiene la capacidad de hacer más daño. Más, todavía.
Cuando el daño extra ocurra, la culpa será del Gobierno; pero la responsabilidad, de los que no hicieron lo necesario por evitarlo.
