Los grandes empresarios, al menos los que tienen la costumbre de tratar de equivocarse lo menos posible, toman las mejores decisiones siempre después de analizar el futuro previsible. Para el mejor análisis y, por lo tanto, para tomar la mejor decisión, la información debe ser relevante, completa y honrada. Pero no sólo sobre la situación de la empresa, sino sobre la realidad política, social y económica y las perspectivas del país en el que trabaje. De la misma manera debería funcionar un Gobierno competente, aunque la realidad sea otra y, en el caso español, bien distinta.
Lo que nos debe preocupar en el caso de la marcha a tierras holandesas de Ferrovial, es, con precisión, qué análisis ha hecho del futuro previsible de España una de las grandes empresas líder en infraestructuras y servicios. Sobre todo cuando su consejo de administración toma una decisión como la de expatriarse a nueve meses, como máximo, de la convocatoria de elecciones generales.
En este punto es necesario recordar que Ferrovial nació a principios de los años 50, poco antes del comienzo de la etapa del desarrollismo y estabilización del régimen franquista que propició un aumento enorme de la producción industrial. Aquel plan de una industria española fuerte disolvió la etapa de la autarquía y consolidó uno de los periodos más intensos de crecimiento económico cuyo éxito llevó a la consolidación de la clase media española.
Lo que sabemos es que hoy, muy al contrario, España no está en eso, sino en un plan de destrucción de su industria. A la situación general de crisis pospandémica pastoreada con ineptitud por el Gobierno de Pedro Sánchez se le une la desconsideración que el Ejecutivo socialcomunista tiene del sector industrial y de los empresarios que la aguantan. La industria española es acosada por políticas de asfixia fiscal y de fanatismo climático promovidas por este Gobierno y aceptadas por el Partido Popular, que prohíben explorar y aprovechar nuestros propios recursos, provocándonos una enorme dependencia de terceros países mientras desmantelamos nuestro tejido industrial.
Aunque el relato es importante, los datos también lo son. La industria española ha perdido la mitad de su peso en el PIB nacional desde 1980, con gobiernos tanto del PSOE como del PP, y la previsión honrada es que pierda otros 200.000 empleos para 2030, el año de la agenda que el bipartidismo acepta con sumisión y publicita con entusiasmo.
Sin duda, España necesita un nuevo plan de reindustrialización que dé prioridad a las empresas españolas, que abandone el ecofanatismo fomentando el conservacionismo, y que otorgue deducciones fiscales para inversores españoles. Emprender y crear empleo estable con dinero privado en nuestra nación no puede seguir siendo un acto heroico.
No basta, e incluso es contraproducente, hacer como el Partido Popular en la Comunidad de Madrid, que sólo concede deducciones fiscales a las inversiones extranjeras. Sobre todo cuando muchos de los países de los que procede ese capital no aplican el principio de reciprocidad internacional e impiden la libre participación de empresas españolas en sus procesos de contratación en su sector público.
Todo lo anterior, sobre la base de una seguridad jurídica inalterable que no cambie las reglas de juego a conveniencia del politiqueo y del expolio fiscal, es lo que un Gobierno responsable debería promover. Las pequeñas y medianas empresas y los autónomos, aquellos que no tienen la capacidad de marcharse de España, serían los primeros beneficiarios de un nuevo plan de reindustrialización nacional que garantice el empleo estable y que asegure nuestra soberanía industrial y energética.
El problema de la marcha de Ferrovial no es, en puridad, la fuga de una de nuestras grandes empresas. La gran cuestión es saber qué temor le produce el futuro previsible de España a una empresa nacida en 1952 en un ático de la madrileña calle Moreto y que durante setenta años ha conocido periodos de incertidumbre sin que jamás sintiera la necesidad de marcharse de su país.
