«Ser es defenderse», Ramiro de Maeztu
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EDITORIAL
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13 de abril de 2023

El éxito de Desokupa

Vista parcial de una manifestación el pasado año en Madrid de afectados por la okupación (Fernando Sánchez / Europa Press)

La hemeroteca nos permite remontarnos al año 2007 para encontrar la primera propuesta del entonces líder de la oposición, Mariano Rajoy, para endurecer las leyes que por aquel entonces castigaban, poco, el delito de usurpación de una vivienda, más conocido como el delito de okupación.

Un fenómeno reducido a ciertos ambientes anarquistas en el siglo pasado, tolerado e incluso alentado entonces por la izquierda, pero en aumento constante desde principios de este siglo, cuando el estallido de la burbuja inmobiliaria y la subsiguiente crisis económica coincidieron en el tiempo y en el espacio con las primeras oleadas de inmigrantes ilegales.

Como con tantas otras propuestas y promesas, el Partido Popular, una vez en el Gobierno y con una mayoría absoluta holgada, no hizo nada. O, por lo menos, nada de lo que ofreció a sus votantes. Al contrario. Una incompetente reforma penal del PP transformó determinados delitos en meras faltas para intentar agilizar el funcionamiento de la saturada Justicia española. Aquello obtuvo el efecto indeseado de rebajar la pena por okupación a una simple multa, además de impedir el desalojo exprés de la vivienda okupada y la detención de los usurpadores.

A pesar de todos los ruegos, que fueron muchos, el Partido Popular se negó durante los siete años de gobierno de Rajoy, y sin más explicaciones, a atajar, como sí habían hecho otros países europeos, un fenómeno que no sólo vulnera el derecho constitucional a la propiedad privada, sino que en la práctica totalidad de los casos de okupación degrada de inmediato el entorno de la vivienda. Además de causar un daño económico real, pero sobre todo, moral, al propietario, que asiste indefenso e impotente a una usurpación de sus bienes sin que el debilitado y paralítico Estado de Derecho sea capaz de defender su propiedad.

Los cinco años de mando del presidente Sánchez tampoco han servido para nada. Pero esto era lo esperable en un Gobierno que mantiene una facción comunista en su seno que abomina de la propiedad privada (en concreto, la de los demás) y que simpatiza con los okupas por interés político y por afinidad ideológica.

Ante la inacción del PP y la despreocupación del PSOE con el fenómeno okupa, un fenómeno que cuenta con la ventaja de que entra dentro de los efectos deseables por la Agenda 2030 («no tendrás nada y serás feliz»), florecieron las mafias de la okupación, pero también las empresas de intermediación, que son el mejor recurso de unos propietarios desesperados y, por cierto, nada felices.

Una de ellas, la más conocida por su eficacia, es la celebérrima Desokupa, que basa su eficiencia en una primera labor de intermediación a la que sigue, si es necesario, la instalación legal de controles permanentes de acceso a la vivienda que, en la práctica, sitian a los okupas hasta que desisten de la usurpación.

El éxito de Desokupa, con más de 7.500 viviendas desokupadas con un coste económico para los propietarios mucho menor del que resultaría de su confianza en una paralizada Justicia, le ha granjeado el rencor de la izquierda política, que señala a la empresa fundada por el barcelonés Daniel Esteve como una organización de ultraderecha, neonazi y demás lindezas que el socialcomunismo en el poder reserva para todos los disidentes que no comulgan con sus desproporcionadas ruedas de molino.

La realidad es, por supuesto, otra. Las empresas de desokupación basan su éxito en el fracaso de los partidos políticos de la alternancia, que han sido incapaces, por acción (PSOE) o por omisión (PP), de proteger el derecho fundamental a la propiedad privada y a la inviolabilidad del domicilio.

Si a la izquierda tanto le molesta el éxito de Desokupa, lo tiene muy fácil. O bien ejercita de nuevo su totalitarismo y anula el derecho de los propietarios a contratar seguridad privada, o bien acaba con la okupación con una ley que endurezca las penas por el delito de usurpación y que permita el desalojo inmediato de cualquier vivienda okupada. Esto es lo que promete Vox y, ahora, de nuevo, otra vez como en 2007, el Partido Popular.

El día que lo segundo ocurra, es decir, el día en el que el poder político decida fortalecer el Estado de Derecho como han hecho la mayoría de las naciones europeas que se respetan a sí mismas, será el fin de Desokupa, que ayer tuvo que defenderse de unos violentos magrebíes que habían usurpado una vivienda en la localidad madrileña de Majadahonda. Gajes de un oficio peligroso, pero, por lo que vemos, necesario.

Hasta que haya un cambio de Gobierno, si es que el PP de la Agenda 2030 y de las concertaciones con el socialismo no vuelve a defraudarnos, es la única solución. Que parece mentira, pero es cierto.

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