Ayer confluyeron tres acontecimientos en tres de los órganos constitucionales del Estado. El Congreso aprobó la irracional ley de bienestar animal, el Senado validó la conocida como Ley Trans y el Tribunal Constitucional, como adelantamos ayer sin mucho esfuerzo, aplicó un rodillo progresista para rechazar el recurso de un Partido Popular antecessor (extinto) a la Ley de plazos del aborto de Zapatero. Una ley que los dirigentes populares ahora aceptan en flagrante contradicción con sus propios estatutos y con la actitud provida de una cantidad nada desdeñable de sus frustrados votantes.

Las tres son leyes ideológicas que instrumentalizan el Derecho para determinar la conducta de los españoles. Todas son leyes positivistas que chocan con la realidad. Las tres, a la vez y en un escenario de crisis económica, social y demográfica, alejan a nuestro ordenamiento jurídico del recto sendero de la razón por cuanto van dirigidas en contra del bien común, por lo que sólo podemos considerarlas como expresiones de la arbitrariedad de un poder político totalitario.

No cabe duda alguna de que las tres leyes producen —en el caso del aborto considerado de facto como un derecho— y producirán efectos de una extraordinaria gravedad. En algunos casos, de nuevo el aborto, de una extraordinaria letalidad. Las tres han sido aprobadas o bien desoyendo las advertencias de las instituciones que deberían servir como contrapeso a la tentación totalitaria del poder político, o bien tramitándolas por el procedimiento de urgencia para evitar cualquier dictamen o informe en contra. Incluso una de ellas, la Ley Trans, en contra de la experiencia de otros países que, hoy, como el caso de Suecia o el Reino Unido, tratan con sincera desesperación de dar marcha atrás ante el daño objetivo causado a miles de personas a las que sus leyes trans, ideológicas y no científicas, empujaron a tomar decisiones equivocadas, traumáticas e irreversibles.

Que, además, son leyes arbitrarias lo explica con facilidad el hecho de que, desde ayer, coexista en España una ley que castiga con pena de cárcel a quien siquiera ose herir a una rata con otra que establece como derecho el acto de trocear, aspirar y desechar a un ser humano en el vientre materno.

Pero lo peor, si es que hay algo peor, es que ayer constatamos nuestros temores de que el Tribunal Constitucional, asaltado a la bolivariana por la izquierda sin que el PP supiera o quisiera evitarlo, validará todas las leyes que haya promulgado o quiera promulgar este Gobierno indigno y servirá en el futuro, mientras mantenga esta mayoría progresista, para entorpecer cualquier intento político de devolver a España a la cordura perdida.