Los días de violencia izquierdista en los que malvive Perú nos muestran la degradación moral a la que, en su afán de poder, ha llegado el Socialismo del siglo XXI (el narcochavismo del Foro de Sao Paulo para mayor precisión). Unas horas después del golpe de Estado de Pedro Castillo frenado por las Fuerzas Armadas, y tras unos balbuceos sobre el estado mental de ese indigno comunista (redundancia), la izquierda bolivariana ha ordenado que el intento de subvertir el orden constitucional prosiga en forma de violencia coordinada —la toma de tres aeropuertos, el corte de las principales carreteras y el asalto a las grandes plantas gasistas y a las empresas de agroexportación no son casualidades— y de una miserable, porque no tiene otro nombre, injerencia ilegítima de cuatro naciones controladas por el Foro de Sao Paulo como México, Argentina, Bolivia y Colombia. Injerencia en un Perú libre y soberano que necesita recuperar la normalidad democrática perdida desde el día en el que se oficializó el dudoso triunfo electoral de Castillo.
Perú vive horas dramáticas ante la parálisis de la nueva presidente peruana, y hasta hace unos días edecán de Castillo, Dina Boluarte, pero también ante la decisión consciente de los comunistas del corrupto Vladimir Cerrón de continuar el golpe de Castillo por otros métodos.
Recordemos, y no olvidemos, que en su patético mensaje a la nación, el golpista Castillo ordenó la suspensión del Congreso, la reorganización del Ministerio Fiscal y de los tribunales de Justicia y la celebración inmediata de elecciones constituyentes para la creación de una Asamblea que tenga el mandato de elaborar una nueva Constitución. Este es, punto por punto, el plan que el Foro de Sao Paulo ha puesto en marcha en todos los países que gobierna y es, qué casualidad, lo mismo que exigen ahora los violentos lanzados por el bolivarianismo a los centros neurálgicos del antiguo Virreinato.
La experiencia nos lleva a desconfiar de que la nueva presidente, al fin y al cabo sólo es una izquierdista radical, sea capaz de dar las órdenes precisas a las Fuerzas Armadas para que socorran a una desbordada Policía Nacional y restauren con firmeza y proporcionalidad el orden político y la paz social sin las cuales no hay, ni puede haber, Estado de Derecho. Es imperativo que Perú no sucumba a una violencia que hemos conocido en tantos otros países de la Iberosfera y que siempre es la antesala, por cobardía o por irresponsabilidad, de la victoria del comunismo.
Las apelaciones desde la Unión Europea a «un diálogo abierto e inclusivo» para superar la crisis en Perú deberían avergonzarnos. No hay nada que negociar, y mucho menos con adjetivos cursis (sólo les ha faltado resiliente y sostenible), con el socialcomunismo, que es la principal amenaza tanto para la libertad y la soberanía de las naciones como para la prosperidad de sus habitantes.
Castillo es irrelevante en este nuevo golpe de Estado. La violencia que se ha desatado en Perú es obra de enemigos mucho más poderosos que ese desquiciado con sombrero chotano. Dentro de pocos días, cuando el criminal convicto que es Lula da Silva tome la presidencia de Brasil, ganada con sospecha fundada de fraude electoral, Perú estará acorralado y sucumbirá si lo poco que haya de decente en el Gobierno, los diputados constitucionalistas del Congreso y las Fuerzas Armadas peruanas no defienden la Constitución con uñas y dientes. Para ello, deberían empezar por la retirada de los embajadores peruanos en esos países bolivarianos hostiles a la democracia y la denuncia ante la Organización de Estados Americanos del golpe de Estado que alientan y que todavía no se ha terminado.
