La ley de amnistía a los separatistas catalanes que en el contexto del 1-O cometieron delitos tipificados en el Código Penal, y fueron condenados por ellos, avanza entre la discreción de los cargos del PSOE. Los mismos que esperan del Tribunal Constitucional, presidido por el socialista Cándido Conde-Pumpido —con mayoría «progresista», es decir del PSOE—, el refrendo a un ataque sin precedentes a la igualdad de los españoles que, con independencia de su origen, su forma de pensar o sus creencias, cumplen las leyes, pagan sus impuestos y acatan las sentencias judiciales.
La amnistía, que no sólo carece de encaje jurídico en la Constitución, sino que de facto la deroga al tratarse de una enmienda a la totalidad al Régimen del 78, es el objetivo de ERC y Junts —y del PNV y Bildu— para volver a hacer presidente con sus votos a Pedro Sánchez, aunque en la negociación hayan incluido un referéndum al que nunca renunciarán, útil por ahora para distraer la atención del verdadero objetivo. La amnistía, ya lo reveló Gabriel Rufián en el Congreso durante la investidura de Alberto Núñez Feijoo, «debe poner las bases para un nuevo 1 de octubre». Y en ello están.
La esperable posición de los separatistas y la cada vez menos sorprendente colaboración de los socialistas exigen una reacción y una movilización de los españoles, que tienen el derecho y el deber de defender su nación, su indisoluble unidad y la igualdad de todos ante la ley. De momento, será el próximo domingo en Barcelona y el 29 de octubre, convocados por DENAES, en la Plaza de Colón de Madrid.
El golpe de Sánchez y el Gobierno que detenta contra la nación demanda una movilización permanente, una rebelión cívica consciente de la gravísima crisis institucional que padecemos.
