Destinar 215 millones de euros del Plan de Recuperación para crear 17 centros para la acogida de inmigrantes ilegales en las Islas Canarias y en la Península es otra decisión irresponsable de un Gobierno que solamente promueve y alienta un efecto llamada migratorio que tiene nefastas consecuencias que no sufren las élites, sino el español de a pie.
La inmigración ilegal, masiva y descontrolada es uno de los grandes problemas a los que se enfrenta hoy España, aunque el consenso globalista lo niegue y lance el perverso mensaje de que es inevitable y necesaria para el reemplazo generacional, dos conceptos que arguye con el único objetivo de imponer sin preguntar a los españoles –y sin debate, dado que se estigmatiza y vilipendia a todo aquel que disiente– unas políticas migratorias que precarizan los derechos sociales y consolidan un modelo de negocio multicultural, muy multicultural… y muy beneficioso para las mafias de tráfico de personas.
España debe defender su identidad, fomentar la natalidad ante la cruda emergencia demográfica que sufre y procurar una inmigración legal, ordenada y segura que cumpla las leyes de nuestro ordenamiento jurídico y respete nuestros valores. Lo contrario es seguir el camino hacia el abismo de esa Europa que quiere dejar de ser Europa.
