Tito Berni al margen, en España no se habló ayer de otra cosa que del anuncio de Pedro Sánchez de un proyecto de Ley de Representación Paritaria que obligará a una estricta igualdad numérica entre hombres y mujeres —biológicos o autopercibidos, que así están las cosas— en los cargos públicos, incluido el Consejo de Ministros, y que exigirá listas cremallera, alternando sexos, en las candidaturas electorales.
En lo que se refiere al sector privado, la futura ley anunciada como un avance feminista por el presidente Sánchez exigirá, entre otras medidas, que las empresas de más de 250 trabajadores tengan al menos un 40 por ciento de mujeres en los puestos directivos.
Durante unas pocas horas, la mayoría sensata convino en que este anuncio del Gobierno causa de nuevo un grave daño a las mujeres al establecer como ley la idea-ocurrencia de crear un sistema de falso empoderamiento por cuota.
Un sistema que degrada la representatividad, lesiona el derecho fundamental de todas las personas a acceder en condiciones de igualdad (y no de paridad) a funciones y cargos públicos y, sin duda, proyecta una inevitable sombra de sospecha sobre el mérito y la capacidad de las mujeres empleadas como directivos en la empresa privada. Todo esto, por supuesto, por no hablar del absurdo techo que desde un feminismo banal que no busca la igualdad real, sino la consolidación de una red clientelar, bloquea la posibilidad de que haya más de un 50 por ciento de mujeres en cargos electos.
Durante esas pocas horas, creímos con sinceridad que estábamos ante una nueva ocurrencia de Pedro Sánchez para tratar de controlar los daños causados por la trama del Tito Berni en la semana de ruptura (sentimental, que no real) anunciada con Podemos… hasta que escuchamos a Alberto Núñez Feijoo alabar el anuncio del presidente y reivindicar para el Partido Popular la paternidad (con perdón) de la ocurrencia paritaria feminista.
Y así es. El proyecto de ley anunciado por el presidente Sánchez sólo es la transposición de una directiva europea impulsada por el Partido Popular y aprobada en noviembre del año pasado en el Parlamento Europeo con los votos de populares y socialistas, tradicionales aliados en Europa, y la oposición de Vox.
Esta directiva de la que se jacta Feijoo y que reivindica, según el presidente del PP, «el feminismo real», exige que, en el plazo máximo de dos años, los países miembros establezcan un sistema de sanciones económicas para las empresas que incumplan la ley de paridad, además de dotar a los tribunales de la capacidad de anular los nombramientos de toda junta directiva que incumpla los principios paritarios exigidos.
Esta paridad impuesta por la fuerza de un régimen sancionador de la que se ufana el Partido Popular, que ayer, sin sonrojo, se vistió de color morado y usó un arroba en su lema «Feminismo entre tod@s», vulnera de manera evidente el derecho a la libertad de empresa recogido en la Constitución. Un derecho que reconoce a los empresarios no sólo la libertad de decisión a la hora de crear empresas, sino también, como ha señalado en repetidas ocasiones el Tribunal Constitucional, el de establecer los propios objetivos de la empresa y dirigir y planificar su actividad en atención a sus recursos y a las condiciones del mercado.
Si mal está la degradación de los cargos públicos electos con un sistema de paridad que vincula de manera ilegítima el sexo a la representatividad, peor está la ocurrencia de los populares de corromper el derecho constitucional a la libertad de empresa sustituyendo los principios de mérito y capacidad —que no tienen nada que ver con los cromosomas de una persona— por una cuota de falso empoderamiento feminista.
