Después de abrir debates que el «consenso socialdemócrata» creía cerrados, la tercera fuerza nacional, VOX, ha propuesto, a través del documento «España Decide», que se establezcan consultas a los españoles sobre cuestiones de especial trascendencia que afectan a su bienestar y a su seguridad.
En un momento en el que asistimos al reparto de millones de euros en subvenciones a partidos, sindicatos y patronal, mientras la crisis y la inflación azotan los bolsillos de los españoles y reducen su poder adquisitivo; a la pérdida progresiva de la soberanía energética de España, con millones de familias sin poder pagar las facturas de la luz o del gas; a unas leyes de género que han cercenado la igualdad entre los españoles; a una política de puertas abiertas a la inmigración ilegal que ha aumentado la inseguridad en los barrios; a un sistema educativo que ha permitido la persecución del español en regiones como Cataluña, Galicia, País Vasco, Comunidad Valenciana y Baleares; a la presencia en la dirección del Estado de partidos separatistas y proetarras que atacan a la unidad nacional; a una guerra artificial del agua promovida por las comunidades autónomas, las oligarquías regionales y los activistas climáticos… es una buena noticia que VOX proponga que se consulte a los españoles si quieren o no un cambio de rumbo. Y que recuerde que hay un mecanismo constitucional, olvidado por tantos que se autodenominan constitucionalistas, que faculta a los españoles para ello: el artículo 92 de la Constitución.
Países como Suiza tienen asentadas las consultas, los referéndums. La anomalía es que en 40 años no se haya consultado a los españoles sobre materias que les condicionan hoy y que condicionarán a sus hijos mañana. Todo se ha dejado en manos de las formaciones políticas y del capricho ideológico del Gobierno de turno. Se debe permitir que la España real elija, decida… e impedir que lo hagan por ella burócratas en despachos de Bruselas. Es puro sentido común.
