El caso de corrupción conocido en el Fútbol Club Barcelona daña todavía más la imagen de uno de los grandes clubes del fútbol español. Decimos que todavía más porque su imagen llega muy empañada por la ruptura deliberada que el Barça, «el ejército desarmado de Cataluña» en expresión del escritor catalán Manuel Vázquez Montalbán, ha hecho del sano principio de no mezclar deporte y política, además de por una gestión económica desastrosa y alejada de las prácticas del honrado juego limpio financiero; por no hablar, entre otros cochinillos y dirigentes licenciosos, del escándalo ético, veremos si delictivo, de los negocios entre la empresa del entonces defensa barcelonista Gerard Piqué y la Federación Española de Fútbol que preside Luis Rubiales.
Pero mucho peor que el perjuicio a la imagen del Barça, es el daño que este caso de presunta corrupción produce a la confianza de millones de aficionados al fútbol que cada fin de semana evaden parte de sus preocupaciones en la creencia —por lo que parece, ingenua— de que asisten a una competición limpia con jueces neutrales en la que, once contra once, nada es imposible y a veces salta la sorpresa. Daño que será irreparable si, como parece, la prescripción lo entierra todo.
Ocurre igual en política. La corrupción, el hecho en sí, hiere la confianza de los españoles en las instituciones, pero lo que de verdad destruye cualquier resto de confianza es que las instituciones tuteladas por la partitocracia protejan a determinados corruptos por interés político.
En este sentido, llueve sobre mojado en Cataluña. En los últimos años, los españoles honrados asisten estupefactos a las maniobras de ciertos poderes del Estado para rebajar, indultar e incluso disculpar con derogaciones o modificaciones de las leyes la corrupción que viene del separatismo catalán y de su entorno mediático, financiero o cultural.
Si hiciera falta poner un ejemplo de entre las decenas que hay para elegir, sin duda sería el del conocido como caso Pujol. Un caso grosero de corrupción que investiga la responsabilidad del ex presidente y líder del soberanismo catalán como cabeza de una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales, fraude a la Hacienda Pública y falsedad documental. La instrucción del sumario, que comenzó hace casi una década, concluyó hace cerca de tres años, pero todavía no hay fecha para el juicio y desconfiamos de que algún día el ex honorable nonagenario pase por el banquillo. Igual que podemos sospechar con fundamento que el Estado jamás obligará a los malversadores separatistas a pagar sus deudas económicas.
Es cierto que hay otros corruptos, como determinados sindicatos de clase, que también reciben un trato de favor por parte de las administraciones, pero encontramos una desviación estadística sensible a favor de los casos de corrupción en Cataluña.
Por eso, quizá debamos recordar a los partidos que controlan el sistema que su afán por construir «puentes de entendimiento» enterrando casos de corrupción y sentencias según la procedencia geográfica y sentimental de los corruptos desintegra los ya maltrechos restos de confianza de los españoles honrados hacia sus instituciones. Y eso, sea a la corta o a la larga, es mucho peor para España que investigar hasta el final, caiga quien caiga o descienda quien descienda, a un club de fútbol que se cree, como insiste en demostrarnos, que es más que un club.
