La institución del indulto nunca ha estado bien regulada. Esta obviedad nos remonta al momento histórico en el que la concesión de la Gracia es arrebatada a la monarquía, antes absoluta, y se transfiere al Poder Ejecutivo en supuesta representación del pueblo. Los políticos de entonces, como los de ahora, al hacerse dueños de la facultad extraordinaria de indultar a un delincuente, promovieron una regulación vaga e inconclusa a sabiendas de lo que hacían. A nadie le gusta que le controlen, y no tengan duda de que a un Gobierno, menos que a nadie.
En aquellos tiempos convulsos de gobiernos decimonónicos breves, de intentonas, conspiraciones y guerras y en los tiempos que les siguieron, que no fueron sin duda mejores, los políticos que accedían al poder usaron el indulto como una herramienta partidista. Todos. Por eso, uno de los pocos consensos de aquella época histórica, y de las siguientes, fue el de mantener la vaguedad en los requisitos a la hora de conceder un indulto y las excepciones, que son generales e incluso absolutas en función de «razones suficientes de justicia, equidad o conveniencia pública» para otorgar la Gracia.
Hay una frase peor, mucho más vaga, que suelen usar los Gobiernos para conceder un indulto, total o parcial, y es la de «en atención a las especiales circunstancias». En inconclusión: el Gobierno puede indultar a quien quiera y es virtualmente imposible que pueda responder ante nadie por ello. Ni siquiera, como acto administrativo que es, debe hacerlo ante el Tribunal Constitucional. ¿En qué, pues, ha cambiado la Gracia desde los tiempos de los monarcas absolutos hasta ahora? En nada. Es más, en la reforma de 1988 (ay, el socialismo), el PSOE ya se encargó de eliminar la molestia insoportable del dictamen no vinculante del Consejo de Estado, esa institución tan necesaria en su concepción como inútil en la práctica.
Así pues, el pueblo soberano (más o menos), se ve obligado a confiar en que sean auténticas las razones de Equidad —dar a cada uno lo que se merece— o de Utilidad Pública (las de Justicia sólo se pueden dar en caso de leyes injustas) del Gobierno de turno las que muevan la concesión del indulto.
Para una próxima mayoría parlamentaria decente queda la reforma urgente de la institución del indulto para que jamás, nunca, un Gobierno pueda sonrojarnos de esta manera
El ejemplo clásico que recibe cualquier alumno de Derecho es el del indulto a una persona enjuiciada años después de la comisión del delito —la permanente lentitud de la Justicia—, que en el tiempo transcurrido entre el crimen y la sentencia se hubiera rehabilitado y rehecho su vida hasta el punto de que la condena suponga un mal mayor para él y para sus allegados, es decir, para una parte defendible de la sociedad. En este punto, y aunque el decreto no lo ordene, queda implícito el arrepentimiento.
Eso es lo que la gente normal entiende. Cualquier otro uso arbitrario de la institución del indulto, aunque sea ya una práctica secular, choca con la razón y, sin duda, provoca un conflicto con la manoseada utilidad pública por la alarma que despierta en los gobernados observar que al Gobierno le importa dos higas la equidad y la justicia. Sin duda, una aplicación irrazonable y política de la gracia consigue el efecto indeseado de agrandar la brecha ya enorme que hay entre el pueblo y las instituciones del Estado.
Esto es, en concreto, lo que el Gobierno de Pedro Sánchez ha hecho abusando de la discrecionalidad cuasi prevaricadora que la vaguedad irresponsable de las normas sobre la concesión del indulto le concede. Con el indulto inconcebible a unos sediciosos catalanes ‘que lo volverán a hacer’ y, ahora, indultando de manera parcial a una mujer que secuestró (sustrajo) a su hijo, la ex presidenta de una organización feminista en la órbita de los comunistas de Podemos llamada ‘Infancia Libre’ (cruel paradoja para una secuestradora que tenía retenido en unas condiciones lamentables a su hijo), el Gobierno socialcomunista y siempre feminista de Pedro Sánchez vuelve a reírse de la Justicia, de la Equidad y, por supuesto, de la Utilidad Pública.
Para un próximo Ejecutivo, y para una próxima mayoría parlamentaria decente, queda la reforma urgente e inaplazable de la institución del indulto para que jamás, nunca, un Gobierno pueda sonrojarnos de esta manera. La gente normal, la gente obediente que sólo quiere tener la fiesta en paz, como se cantaba en la Transición, necesitamos una prueba —por ejemplo, el arrepentimiento público del reo— de que el Gobierno no está abusando de la Gracia para indultar a uno de sus amigos, socios o aliades por ser socios, amigos o aliades, como es el caso de los golpistas catalanes o el de la secuestradora feminista jaleada por Podemos y sus confluencias.
