Siempre conviene que un ministro del Gobierno de la Nación, por su alta responsabilidad, se proteja de sí mismo lo mejor posible. En el caso de Irene Montero, ministra de Igualdad, esta protección debe pasar por pensar sin prisas lo que vaya a decir en público. Y cuando decimos «sin prisas», no nos referimos a la cuestión temporal, sino al reconocimiento esencial de que un ministro no debe decir estupideces. Puede pensarlas, por supuesto, pero jamás decirlas, porque decir una estupidez es el paso definitivo que conduce a creerla. A fin de cuentas, quien habla como ministro no es un individuo anónimo y sin mayor influencia que puede permitirse el lujo ocasional de eructar un pensamiento, sino una autoridad del Estado que gestiona dinero de los sufridos contribuyentes y cuyas opiniones, incluso la más suprema de las bobadas, pueden transformarse en políticas públicas que afectan a la vida de personas reales.
Por todo lo anterior, el presidente del Gobierno, cualquier presidente de cualquier Gobierno, tiene una responsabilidad extraordinaria a la hora de nombrar a un ministro. La afinidad ideológica no puede ser jamás el único criterio y el presidente debe estar obligado, ante su conciencia y, si lo tuviere, honor, a resistirse a cualquier exigencia de otro partido que pudiera formar parte de una alianza de Gobierno.
El caso de Irene Montero es el ejemplo perfecto de todo lo anterior. La ausencia absoluta de filtro entre sus pensamientos y su voz le ha llevado hoy mismo a comparar en público la violencia que sufren las mujeres afganas en un Estado islamista fundamentalista talibán con el machismo en España «y en otras partes del mundo, sin entrar en una competición o ranking a ver quién más machista».
Para establecer esta comparación absurda entre un huevo de serpiente y una castaña pilonga, y en la que no entraremos porque es innecesario para nuestros lectores, España no necesita una ministra y un Ministerio con un presupuesto de más de 451 millones de euros. Con un borracho en una barra de bar con las letras justas para balbucear «islamofobia», debería bastarnos.
Y, sin embargo, esto no es responsabilidad absoluta de la ministra Montero. Sí que es responsable de no protegerse de sí misma por no tener la humildad necesaria para reconocer que carece del rigor intelectual necesario para el cargo de ministra del Gobierno de España, ni aunque sea de Igualdad. Pero la mayor responsabilidad es de quien exigió que fuera ministra, Pablo Iglesias, y de quien, con desprecio de los gobernados y de nuestro tan escaso, sufrido y tan necesario dinero público, aceptó nombrarla, Pedro Sánchez. Caiga sobre ellos y sobre quienes les votaron y todavía les jalean, la vergüenza; como cae sobre nosotros la vergüenza ajena cuando no tenemos más remedio, gajes del oficio, que escuchar a Irene Montero.
