En el quinto aniversario de los atentados islamistas de Barcelona y Cambrils, y además de la denuncia del manto de hormigón con el que se ha tratado de tapar durante estos años el recuerdo de las víctimas para que no interfiriera con los planes secesionistas del rupturismo catalán, debemos recordar ciertas verdades del barquero que muchos de los medios, y sobre todo nuestra clase política gobernante, suelen pasar por alto.
El primero, que fueron atentados islamistas llevados a cabo por jóvenes marroquíes cuyas familias entraron ilegalmente en España. Segundo, que no necesitaron marcharse a desiertos lejanos, campamentos terroristas o madrasas fronterizas para radicalizarse. Bastó para ello la influencia de un imán, también marroquí, un criminal conocido, detenido varias veces por tráfico de mujeres y narcotráfico y jamás deportado a su país.
También hay que recordar que Barcelona y Cambrils sólo fueron objetivos improvisados por los jóvenes islamistas tras la explosión de la casa y la muerte del imán de Ripoll. Los objetivos principales, la Torre Eiffel o la Sagrada Familia, eran mucho más ambiciosos y sólo la explosión del arsenal que habían preparado y almacenado en la casa de Alcanar frustró lo que, sin duda, iba a ser una matanza mucho mayor.
Estos son los detalles que a los medios, y no digamos ya a los políticos del orden establecido, les gusta pasar por alto, pero que son imprescindibles para comprender lo ocurrido y aprender de ello. Sin duda, nuestro sistema político y legal y nuestro sistema de libertades e irresponsabilidades, dio todas las facilidades para que un grupo de jóvenes marroquíes, bien integrados en la sociedad española según las trabajadoras sociales que trataban con ellos y radicalizados por un imán marroquí que desde su primera condena no debería haber vuelto a pisar suelo español, asesinaran a 16 personas.
Las lecciones se extraen solas, pero en este lustro que ha pasado desde aquellos dos días de terror, nuestro sistema no parece haber aprendido nada porque no ha avanzado un centímetro para que, por ejemplo, los criminales extranjeros que delincan en España sean expulsados sin contemplaciones a sus países de origen después de cumplir su condena.
Tampoco se ha avanzado, o todo lo contrario, en la lucha contra la inmigración ilegal, y no hay control alguno sobre lo que se enseña en las mezquitas, sobre todo en un centenar de ellas. Dirán algunos que son las menos, pero todo adquiere una nueva perspectiva cuando se recuerda que el presidente de la Comisión Islámica, es decir, el mayor representante del islam en España, el reconocido moderado Ayman Adlbi, fue detenido el año pasado acusado de crear una trama de financiación yihadista.
Los atentados islamistas en Cataluña de 2017, además de generar muerte, dolor y destrucción que ninguna indemnización reparará jamás, señalaron muchos de los defectos de nuestro sistema. El abandono institucional del mosso d’esquadra que abatió a los terroristas en Cambrils, los agravó. Cinco años después, los defectos siguen ahí. Y el islamismo que se aprovecha de los fallos consentidos del sistema, también. Colocar bolardos y jardineras, parece mentira que haya que escribirlo, no es suficiente. Jamás lo ha sido.
