Como si la pandemia y sus efectos asociados por la pésima gestión española no hubieran hecho el suficiente daño a la confianza de los españoles en sus instituciones, la invasión de Ceuta por parte de nuestro socio y amigo —pero mucho menos e incluso lo contrario— marroquí, ha creado un desasosiego palpable en la población de la ciudades españolas africanas y una crisis reputacional ante el mundo entero que —como si no tuviéramos bastante con el secesionismo catalán—, nos contempla como un Estado débil, descoordinado e imprevisor, además de chantajeable. Aunque, eso sí, feminista, digital y ecosostenible.
Ante una crisis de esta dimensión, que sólo se ha apaciguado pagando un rescate de 30 millones de euros a los secuestradores de la soberanía española, el Gobierno debe dar explicaciones que vayan más allá de reclamar unidad a los partidos que cumplen con su misión esencial de Oposición y que incluso, en el caso de VOX, llevan la iniciativa política.
Las explicaciones, a las que deben seguir una cascada de ceses por la pérdida de confianza de ceutíes y melillenses en las instituciones del Estado, deben centrarse en tres aspectos: la política exterior del Gobierno, la operatividad de nuestro servicio de Inteligencia y la defensa activa de nuestras fronteras. No nos cabe duda alguna de que la ineptitud de nuestra diplomacia feminista y ecológica, tantas veces cuestionada allá donde los intereses permanentes de España, de sus empresas y entidades financieras, han sufrido serios reveses en países socialistas iberoamericanos, necesita una revisión profunda. No sólo en la Iberosfera, sino en nuestra visión del Magreb, esa amenaza de inseguridad presente y futura. Para muestra de nuestra debilidad que no remedia ninguna Agenda 2030, baste reseñar la casi nula presencia de españoles en puestos de liderazgo de organizaciones internacionales. Y para el que hay, Josep Borrell, al frente de la política exterior de la UE, sería mejor no tenerlo.
También debemos conocer qué ocurre con nuestro servicio de Inteligencia. Y este es un punto crucial. Como ya hemos dicho en otro editorial anterior, sólo el cese fulminante de la directora del CNI, Paz Esteban, permitiría creer que nuestros agentes, y nuestros satélites militares, que alguno hay, no supieron informar al Gobierno con la suficiente antelación de la estrategia de Marruecos de debilitar a España con la complacencia de los Estados Unidos. Según pasan las horas, y como no se produce el cese, nos obligamos a pensar peor: que el Gobierno lo sabía y que no hizo nada para defender la frontera, o que Sánchez vive feliz rodeado de ineptos. Sea cual sea la verdad, es espeluznante.
En tercer lugar, la lamentable actuación del ministro del Interior, Fernando Grande Marlasca, en esta crisis… y en todas las crisis. En todos los tiempos democráticos, y en cualquier otro de la Historia, jamás hemos padecido una dirección tan caótica y tan acomplejada de un ministro que tiene como obligación la defensa de la seguridad de los españoles y no, como parece, la defensa de la política bolivariana del Gobierno y de su cinta de correr. Su comparecencia cuando la invasión ya había comenzado para advertir de que el Estado sería beligerante con los ‘discursos de odio’ que no existen más que en su imaginación sectaria, le invalidan. Que tuvieran que ir las Fuerzas Armadas a parar la invasión, debería sonrojarle.
Sánchez tiene cuatro nombres a elegir para depurar las responsabilidades y para tratar de devolver la confianza perdida de ceutíes y melillenses en que el Estado defenderá hasta sus últimas consecuencias la integridad territorial de España, en que el Gobierno trabajará para garantizar la seguridad de los españoles frente al islamismo radical y la inmigración ilegal y en que nuestros servicios de Inteligencia harán honor a su nombre.
Laya, Esteban y Marlasca, que son tres de los cuatro nombres, deben cesar de inmediato. El cuarto nombre es el suyo.
Con una larga mirada en el espejo, el reconocimiento de su ineptitud y la convocatoria de elecciones, nos conformaríamos, presidente.
