Conocemos la teoría general que avala la financiación directa con dinero público (dinero de nuestros impuestos, dinero que sale del bolsillo de los contribuyentes, es decir, nuestro dinero) de los partidos políticos. Esta teoría asegura que los partidos, por su presumible altísima responsabilidad como herramientas de participación de los contribuyentes en la vida pública, deben ser y sentirse libres de toda influencia externa —grupos de interés, oligarquías y potencias extranjeras—que quiera determinar la acción política de las formaciones en contra de las necesidades de sus votantes, del bien general y de lo intereses nacionales. La teoría también nos dice que la financiación directa de los partidos, junto a una legislación estricta de control de los gastos de las campañas electorales, son esenciales para evitar la corrupción.
La inmensa mayoría de las naciones europeas optó por este sistema de financiación pública desde que Puerto Rico lo decidiera así en 1957. Los resultados son más que cuestionables… salvo en España, que sigue el modelo puertorriqueño desde 1977 y donde es incuestionable que el dinero de nuestros impuestos que recaudan los partidos y se reparten los partidos ni ha conseguido la independencia de cualquier otro poder, ni mucho menos ha espantado a la corrupción.
No sólo eso, sino que esta financiación subvencionada de la actividad de los partidos políticos españoles tanto por vía directa como de manera indirecta, ha creado una oligarquía dentro de los partidos clásicos en los que vive un cuerpo de seudofuncionarios (cargos y trabajadores) adictos que dependen del partido para vivir.
Una prueba de esta última derivada maligna la tienen en todos los diputados que, por ejemplo, hasta ayer jaleaban con ferocidad los discursos de Pablo Casado y que hoy, en el año en el que se componen las listas electorales, aplauden con la misma ferocidad, si no más, todos los discursos divergentes del nuevo líder. Lo mismo se puede decir de aquellos socialistas que durante tantos años se rompieron la camisa por los derechos del pueblo saharaui y que hoy, miran a su nómina y callan como puertas. También se puede observar en aquellos cargos que perdieron en algún momento el favor de esa oligarquía que gobierna el partido, pero que o bien se niegan a dejar el escaño o bien mantienen un perfil bajo a la espera de una recolocación en otra mamandurria en una de esas empresas públicas inútiles que están bajo el radar del partido.
La teoría, por lo tanto, y esto no es debatible, ha sido destrozada por la realidad. La financiación pública de los partidos españoles ni ha evitado la corrupción, ni las formaciones que llevan décadas alimentadas por el leviatán estatal son más libres, ni, por supuesto, muchos de los partidos han aprovechado esa supuesta independencia para trabajar por el bien de los españoles que pagan.
Hoy, después de 45 años de uso del dinero de nuestros impuestos, y en una coyuntura de crisis económica que desangra a las clases medias y trabajadoras y que vacía los anaqueles de los supermercados, parece obligado que los políticos debatan sobre el abuso que supone que los partidos no sufran, todo lo contrario, los efectos de una crisis que la mayoría de ellos, por sus responsabilidades pasadas o presentes, han ayudado a crear y son incompetentes para corregir.
Esa es la idea de VOX, el único partido que ha pedido en el Congreso que termine la financiación pública de los partidos políticos. La propuesta para siquiera debatir en profundidad la proposición de VOX ha sido rechazada con desprecio por el resto de los grupos parlamentarios. Para su vergüenza y para la de todos los que aguardamos temblando el fin de mes.
Caretas fuera. Otro asunto en el que VOX se queda solo. Pero esta vez no es por cordón sanitario alguno, sino porque no y vale ya.
