Marlaska, dimisión

Con los hechos ocurridos ayer en Vallecas, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha completado su semana fantástica después de conocer la sentencia sobre el caso del coronel Pérez de los Cobos, con otra demostración de que estamos ante uno de los más tristes ministros del Interior de nuestra historia constitucional y que su dimisión o su cese son un asunto de interés nacional y una causa de pura defensa de la libertad y de la democracia.

La dejación de la Policía bajo el mando de Grande Marlaska a la hora de controlar el acceso a los violentos que ayer fueron a reventar un acto electoral de VOX como es la presentación de sus candidatos, no es ineficacia, porque conocemos la capacidad demostrada de la Policía Nacional curtida en mil eventos mucho más complicados. Es una acción política deliberada que desde el poder busca vincular a VOX con la violencia, da igual si la condición de la formación de Santiago Abascal es siempre la de víctima de la violencia.

La posibilidad de celebrar en libertad y en paz todos los actos de un partido democrático, legal y al servicio de España, es un imperativo que mide, como ningún otro, la temperatura democrática de una nación y de sus gobernantes. Santiago Abascal tuvo millones de razones, tantas como votos, además del Código Penal y la Ley Electoral, para negarse a suspender el acto de presentación de candidatos a las elecciones en Madrid y exigir a la Policía que despejara la Plaza de la Constitución del barrio de Vallecas, una Constitución tan violada ayer por la chusma antifa violenta convocada con impunidad desde casoplones serranos no tan lejanos.

«Esto no pasa en ningún otro país de Europa«, gritó ayer Abascal mientras a su alrededor, sobre sus compañeros y sobre sus simpatizantes, volaban botellas, ladrillos, amenazas y latas puntiagudas que privaron a los ciudadanos su derecho a recibir información libre sobre los candidatos de un partido político. Por eso, porque el Gobierno consiente y ampara el hecho lamentable de que España se haya convertido en la excepción europea, es por lo que el ministro Grande Marlaska debe cesar al instante y su actuación, investigada para depurar posibles responsabilidades penales.

Ocioso es decirlo, pero el uso de las fuerzas de seguridad para intereses ilegítimos es la peor forma de corrupción posible, mucho más nefasta que la económica porque el perjuicio es mucho mayor y de consecuencias funestas que la Historia ya conoce. A estas alturas, después de dos años de desgobierno que han causado pérdidas irreparables a la sociedad española, apelar a la responsabilidad del presidente del Gobierno, el que se concede un notable alto por su gestión de la pandemia, es una lastimosa pérdida de tiempo. Pero nos daba cosa no intentarlo. Queda hecho, por tanto, el esfuerzo inútil de escribir que Sánchez debe reflexionar sobre su responsabilidad ante los hechos futuros que siempre se derivan de los delitos presentes.